La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el inspector de Policía de Soledad, Atlántico, Marlon José Mora Montesino, por una posible negligencia en el desempeño de sus funciones que habría llevado a la construcción sin licencia en un terreno llamado “Lote Sevilla 2B9″.
La investigación adelantada por el Ministerio Público determinó que, a pesar de que el propietario del terreno denunció la presencia de construcciones ilegales en el mismo, y de que el inspector constató la situación en una inspección ocular en el inmueble, no se tomaron medidas correctivas en contra de la misma, lo que podría ser considerado una omisión.
“El servidor habría omitido la toma de medidas correctivas al respecto, contrario a las reglas previstas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para tal fin, lo que evidenciaría una presunta conducta negligente de su parte”, determinó el órgano de control al respecto.
De acuerdo con las reglas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, los inspectores de Policía tienen la responsabilidad de tomar medidas correctivas cuando se constaten infracciones urbanísticas en su jurisdicción. Sin embargo, en este caso, se sospecha que el inspector Mora Montesino no tomó las medidas necesarias para resolver la problemática existente en el terreno, lo que podría haber favorecido la existencia de construcciones ilegales en el mismo.
Por estas posibles irregularidades, la Procuraduría formuló cargos contra el inspector Mora Montesino bajo la modalidad de omisión y en el grado de culpa grave.
Además, la Procuraduría General ha ordenado que se inicien investigaciones disciplinarias contra otros inspectores que también podrían haber actuado de manera irregular en relación con el mismo terreno. Según la decisión tomada por la Procuraduría, pese a existir evidencia de las infracciones urbanísticas en el terreno desde el 2021, durante el año 2022 y lo que va corrido del año 2023, “no se han adoptado medidas correctivas establecidas en la Ley 1801 de 2016, a fin de resolver la problemática existente en el predio”.
Es importante destacar que no es la primera vez que se formulan cargos por invasiones de tierras en el municipio de Soledad. La Procuraduría General ya había formulado cargos en relación con este terreno en el pasado, al exregistrador de Instrumentos Públicos y el entonces inspector de Policía del municipio.
La situación del terreno en cuestión sigue siendo preocupante para el propietario. La comunidad, por su parte, pide a las autoridades que tomen medidas efectivas para evitar la invasión ilegal de tierras y la construcción de edificaciones sin licencia en el municipio.
Formulan cargos a exfuncionarios de 4-72
La Procuraduría General de la Nación ha tomado medidas contra el exsecretario general de 4-72 (Servicios Postales Nacionales SAS), Juan Manuel Reyes Álvarez, y la exdirectora Nacional de Gestión Humana de la misma entidad, María Yaneth Galindo Barbosa, por una presunta falta en su supervisión de un contrato de suministro de personal de apoyo que fue valorado en 16 mil millones de pesos.
Según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, se cree que los acusados no cumplieron con su deber de garantizar el cumplimiento de los límites presupuestales establecidos en el contrato, lo que llevó a la empresa contratada a continuar prestando el servicio incluso después de que se agotaran los recursos destinados para ese propósito. Como resultado, el contratante presentó una demanda por 369 millones de pesos.
La Procuraduría considera que la falta de los investigados es una falta grave a título de culpa gravísima. La omisión de sus deberes habría llevado a la empresa contratada a incurrir en gastos innecesarios y a exceder los límites presupuestales establecidos en el contrato, lo que representaría una falta de responsabilidad y compromiso con los recursos públicos.
En este sentido, la Procuraduría ha anunciado que se adelantará un proceso disciplinario en contra de los acusados, y se tomarán las medidas necesarias. La Procuraduría tiene el deber de investigar y sancionar cualquier falta o irregularidad cometida por funcionarios públicos, y en este caso, ha tomado las medidas necesarias para garantizar la protección de los intereses públicos.