La Procuraduría General de la Nación hizo uso de su poder preferente y asumió la actuación que inició la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército Nacional, con sede en Pereira, por el caso de la niña indígena presuntamente violada por un grupo de soldados en un resguardo de Pueblo Rico, Risaralda.De igual manera, abrió indagación preliminar contra soldados por establecer del Batallón San Mateo, por la presunta retención ilegal y el acceso carnal violento contra la menor de la comunidad indígena Embera Chamí.
No se habla de investigación porque -según el Ministerio Público- aún no están totalmente identificados los presuntos responsables. Sin embargo, el comando de la Octava Brigada del Ejército Nacional dijo horas antes que los presuntos implicados en el caso son siete soldados.
Para explicar el uso del poder disciplinario preferente, el Ministerio Público dijo: “Cuando se trata de investigaciones que involucren conductas como la del asunto objeto del presente pronunciamiento, se considera que dada su presunta gravedad, reiteración y afectación de los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes, y ante el imperativo de obtener protección contra toda forma de violencia contra estos sujetos de especial protección, deben ser asumidas por la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de los fines esenciales inherentes a la entidad y dispuestos en los mandatos constitucionales”.
El procurador general, Fernando Carrillo Flórez, designó como funcionario especial para llevar el proceso disciplinario contra los presuntos reponsables del Ejército al Delegado para la Fuerza Pública y la Policía Judicial.Los hechos habrían ocurrido en predios de la comunidad indígena Menduará del Resguardo Gito Dokabú, de Pueblo Rico, en límites con Chocó. Según el gobernador del territorio indígena, Juan Guillermo Arenas Nacavera, la niña desapareció el domingo pasado -21 de junio- y fue encontrada, posteriormente, en un estado lamentable de salud en una escuela del sector.
Según la Procuraduría, lo investigado tienen una especial gravedad porque la víctima en este caso es menor de edad y además pertenece a un grupo étnico que, por su vulnerabilidad, goza de especial protección constitucional.En un trino, Carrillo dijo: "Duele Colombia cuando quienes deben defender vida y dignidad de nuestros niños se convierten en sus verdugos. Violadores de niña indigena deshonran la fuerza pública e hieren a un pais que exige justicia. Repudio perpetuo a ese crimen atroz".En el consejo de seguridad convocado por las autoridades del municipio de Pueblo Rico, los representantes de la Procuraduría reclamaron una investigación penal del caso y anunciaron que velarán por la defensa, protección y garantía de los derechos de la niña, su familia y su comunidad.