Chocó tiene una historia de contrastes. Un departamento con abundante riqueza natural, dos mares y varios afluentes, pero que continúa sumido en la pobreza. Por un lado, tierra de gente notable, deportistas y artistas consagrados; pero en contraposición también tiene dirigentes políticos con vergonzosos comportamientos. La paradoja se repite por estos días. Mientras se celebró la coronación de la señorita Chocó como reina nacional de la belleza y la agrupación Chocquibtown ganó un Grammy Latino, el gobernador Efrén Palacios terminó involucrado en un presunto saqueo a las arcas de la salud en por lo menos 4.000 millones de pesos, según ha estimado la Fiscalía. Para algunos, sin embargo, la cifra sería el triple: 12.000 millones de pesos. Es la investigación que tiene en expectativa a Chocó y que ha dejado en evidencia una sofisticada red en la que presuntamente estarían involucrados varios personajes de la política regional. Entre ellos estaría el exasesor de la secretaría de Salud departamental Eustaquio Olave, a quien se menciona como el gran estructurador de una trama ilegal integrada por farmacias, profesionales de la salud e IPS, que cobraban millonarios recursos sin haber prestado los servicios. Así, el dinero según las evidencias, fue a parar al pago de deudas por campañas políticas. Otro de los mencionados, más no vinculado al proceso, es Carlos Murillo Agualimpia, un prestamista que logró instalar a su esposa, Danny Mercedes Moreno, en la Secretaría de Salud como directora por un préstamo que le hizo al gobernador en épocas de campaña. Tanto Olave como Murillo, han sido señalados por testigos que indican que el enredo con los dineros de la salud terminó beneficiándolos directamente. Lo que no muchos recuerdan es que Olave -quien se encuentra en detención domiciliaria-, y Murillo son viejos conocidos por la prensa. Hace unos años, varios artículos periodísticos los vincularon en el denominado ‘Barrio del Estado’, un remoquete que se le puso a un sector deprimido de Quibdó donde, como por arte de magia, se comenzaron a edificar vistosas mansiones de no menos de 500 millones de pesos. Un artículo de El Tiempo del 2008 resumió así el fenómeno. “Casas enormes y lujosas que pertenecen a políticos, funcionarios y exfuncionarios que ‘curiosamente’ figuran en procesos penales y disciplinarios que marchan a media máquina o van camino de la prescripción (…). Uno de sus pioneros es Carlos Murillo Agualimpia, excontralor del departamento” La nota añade: “Su casa, de 300 metros cuadrados y avaluada en 600 millones de pesos, está construida en concreto repujado y tiene vitrales traídos de Panamá, piscina y jacuzzi (…). Durante su período como Contralor (2003-2005) trabajaba también como prestamista de entidades y personas naturales a las que cobraba las tasas de interés más altas del mercado”. El mismo artículo se refiere a su vecino Eustaquio Olave, gerente del Hospital San Francisco de Asís entre enero del 2002 y abril del 2005. Lo registró "como dueño de una casa, con piscina y pisos de mármol, avaluada en cerca de 500 millones de pesos, que contrasta con el estado de postración en que entregó el hospital más grande de Chocó: 13.000 millones de pesos de déficit, según un informe de la Superintendencia Nacional de Salud que intervino la entidad. Olave aparece en procesos por peculado culposo e interés indebido en la celebración de contratos”. Hoy, este personaje tiene otra lujosa vivienda de no menos de 1.000 millones de pesos y edificó una concurrida discoteca en un sector deprimido de la capital chocoana. Hoy ellos vuelven a aparecer con letras de molde porque sus nombres aparecieron en la triste historia de la red que estafó a la salud de Chocó. Murillo, según veedores de la ciudad, pretende postular su nombre a la Contraloría departamental, que se elige en enero próximo. Lo más curioso es que este hombre, que se ha sabido blindar ante señalamientos en su contra, fue uno de los principales patrocinadores del recién elegido gobernador Johany Carlos Palacios, quien llevó las banderas del Partido de La U y el Partido Liberal. La imputación La Fiscalía tiene previsto el próximo 3 de diciembre imputar cargos al gobernador, como presunto responsable de los delitos de peculado, contrato sin el lleno de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, y falsedad en documento público. El gobernador ha dicho que es inocente y que fue víctima de un complot de los implicados en el desfalco, donde también han sido mencionados los nombres del alcalde de Bagadó (Chocó), Jackson Bedoya, y del abogado Arys Piñeres. Según uno de los denunciantes, ellos funcionaron como supuestos inversionistas de la campaña del gobernador y lograron instalar a sus esposas en cargos de dirección en la empobrecida secretaría de salud donde se ejecutó el fraude. No se puede desconocer que la Fiscalía local ha avanzado en procesar a algunos de los que participaron en el saqueo a la salud y otros temas. Pero aún falta camino para acabar con las redes que amenazan las finanzas locales. En fin, el escándalo en esa región apenas comienza. Lo cierto es que dirigentes, abogados, comerciantes, médicos, prestamistas y funcionarios habrían decidido, como opción de vida, asaltar las arcas de la salud en una poderosa tierra con una naturaleza única, gente buena y un futuro por descubrir.