Las audiencias de judicialización de tres implicados en el escándalo de Centros Poblados con el Ministerio de la Tecnología y la Información, MinTic, prometen que los implicados comiencen a sacarse, como se dice popularmente, los ‘trapos al sol’.
Durante la audiencia, en la que los abogados del conocido contratista Emilio Tapia; del representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque; y del vicepresidente de la corredora de seguros Rave, Juan José Laverde le pidieron a un juez que no envíe a sus clientes a prisión como lo solicitó la Fiscalía, se conocieron esas acusaciones mutuas que se comienzan a presentar en estos casos, donde todos buscan zafarse de las responsabilidades penales.
Así quedó demostrado con Luis Fernando Duque, quien a través de su abogado Julián Quintada, acusó a la Fiscalía de introducir testigos que estarían diciendo mentiras en el caso. Hizo referencia especialmente a Robert Gómez y Juan Carlos Cáceres, jefes de su defendido, a quienes señaló de decirle mentiras a las autoridades judiciales para ellos librarse de la presunta responsabilidad penal que tienen en este caso.
“Pretenden distorsionar la realidad y ahora se quieren convertir en testigos diciendo mentiras”, dijo Quintana, al referirse a Cáceres y Gómez.
Como prueba de ellos, señaló que la Fiscalía está acusando a su cliente con base en lo indicado por estas personas, sin tener en cuenta que eran Cáceres y Gómez los que manejaban todo lo relacionado con las pólizas de garantía, que sirvieron para adjudicarse el millonario contrato gubernamental.
“Dentro del paquete que firmó mi cliente no estaba la Póliza de garantía (…) La información se subió al SECOP con un usuario que no era de mi representado, él venía advirtiendo que sus jefes (Cáceres y Gómez) venían haciendo un uso no acorde de su firma digital, mi cliente es ingeniero de sistemas no tramitador de pólizas”, dijo Quintana.
Por esta situación acusó a la Fiscalía también de querer desdibujar la realidad del caso con los testimonios de los testigos que tiene el ente acusador en este caso. “La Fiscalía no fue leal con su argumento”.
Las declaraciones del abogado Quintana se dieron durante la audiencia en donde un juez debe resolver si envía a prisión a los tres detenidos como lo pidió la Fiscalía.
Procuraduría intervino
Por su parte, la Procuraduría apoyó la solicitud de cárcel para los implicados solicitada por la Fiscalía.
“La imposición de la medida restrictiva de la libertad en centro carcelario sí evitaría la continuación en una actividad delictiva”, dijo el delegado del Ministerio Público. “La Fiscalía estima que con la reclusión en un centro de reclusión se evitaría la actividad delictiva y que se afecte la contratación pública”, añadió.
“En el caso de Emilio Tapia se pueden identificar en el pasado modus operandi similares a este (…) Sin embargo, frente a los señores Laverde y Duque Torres, los argumentos no pueden ser los mismos y realmente este agente del Ministerio Público la argumentación de la Fiscalía sobre el peligro para la comunidad por los delitos que se imputan no resulta suficiente, pero en el punto de la obstrucción de la justicia, que es el otro fin que argumenta la Fiscalía sí se tienen argumentos hasta el momento de la información de la Fiscalía para entender que en el futuro estas dos personas podrán destruir material probatorio o inducir a testigos para que informen falsamente”.
Por su parte, una fuente cercana al proceso le dijo a SEMANA que “algunos de los implicados están prestando colaboración. Hablan de políticos de la Costa Caribe que habrían hecho lobby para que este contrato fuera asignado a Centros Poblados. Así como también se vio cómo participaron en el debate de moción de censura contra la exministra TIC, Karen Abudinen, en la plenaria de la Cámara de Representantes”.