Aunque en el año 2008, en una trascendental decisión, la Corte Constitucional les reconoció a las parejas del mismo sexo derechos patrimoniales, entre ellos el derecho de recibir el reconocimiento y el pago de la pensión de sobrevivientes, los casos en los que a los homosexuales se les ha negado esa posibilidad se presentaron de forma recurrente. Uno de ellos es el de Ángel Alberto Duque, un ciudadano portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causal del sida, que desde el año 2001 libra una batalla jurídica por que se le reconozca el derecho a recibir la pensión de su compañero, Jhon Óscar Jiménez, quien falleció después de 10 años de haber vivido juntos. Desde el 15 de septiembre del 2001, cuando murió su compañero, Duque acudió al fondo de pensiones Colfondos para que le reconociera su derecho. Esa entidad le negó la solicitud y la decisión fue ratificada por varios jueces de la república, a pesar de la sentencia. Ante la sistemática negativa, en el año 2015, Ángel Duque acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), demandó al Estado colombiano y exigió que se le reconociera su derecho a la pensión en calidad de sobreviviente. El diciembre del año pasado, la CIDH remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) con el argumento de que a Ángel Duque, portador del VIH, fue víctima de discriminación por su orientación sexual, ya que las autoridades excluyeron “arbitrariamente formas diversas de familia como las formadas por parejas del mismo sexo”. La CIDH, en su informe de fondo, señaló que los posteriores procesos judiciales iniciados por Duque “perpetuaron con sus decisiones los prejuicios y la estigmatización de parejas del mismo sexo, al reafirmar una percepción estereotipada del concepto de familia vinculada exclusivamente con la conservación de la especie y la procreación de los hijos”. El caso de Ángel Duque es el segundo en América Latina y el primero colombiano sobre derechos de las parejas del mismo sexo que llega a la CorteIDH. Las pretensiones de Duque son que el Estado colombiano acoja la recomendación de la CIDH para que le repare por las violaciones de derechos humanos causadas por la negativa de concederle la pensión de su compañero. Pide que le den acceso ininterrumpido a servicios de salud y tratamiento para el VIH, además de adoptar las medidas necesarias para garantizar la no repetición de hechos similares. También exige que se capacite a las personas encargadas de resolver temas pensionales para que no haya discriminación en ocasión de la orientación sexual. La CorteIDH anunció el período de sesiones extraordinarias que adelantará la próxima semana, las cuales adelantará en Honduras. Tendrán la discusión de dos casos, uno de ellos es precisamente el caso denominado Ángel Duque versus Colombia. El Estado colombiano deberá responder por la exclusión de Duque de la pensión de sobrevivencia tras la muerte de su compañero y la discriminación de la que asegura haber sido víctima a causa de su orientación sexual. La cita para Colombia y Duque será el próximo martes 25 de agosto.