Desde el jueves el alcalde de Bogotá Gustavo Petro viene lanzando varios dardos al procurador general Alejandro Ordóñez por el tema de las basuras. En la mañana de este sábado Petro madrugó a publicar en su perfil de Twitter la siguiente afirmación: “El Procurador considera como libre empresa en el aseo a uno de los sectores más infiltrados por el paramilitarismo”. Acompañado del tweet el alcalde puso una columna de Daniel Coronell, de SEMANA, que se titula ‘Debajo de la basura’, donde el periodista en agosto de 2009 hace el hallazgo de unos documentos del exjefe paramilitar ‘Jorge 40’ donde mencionan a William Vélez, reconocido empresario del sector de las basuras y dejan en claro el interés de los paras en ese negocio. “Procurador, debajo de las basuras no está la libre empresa, en muchas regiones, está es el paramilitarismo y la Gata”, publicó unos minutos después Petro. El alcalde, logrando desentrañar lo que él ha llamado “el oligopolio de las basuras”, publicó estos datos que relacionan a varios empresarios con el expresidente Álvaro Uribe Vélez: El oligopolio privado del aseo estaba conformado por William Vélez, contratista cercano a Álvaro Uribe, es investigado por paramilitarismo — Gustavo Petro (@petrogustavo) enero 2, 2014 Otro miembro del oligopolio privado del aseo es Alberto Ríos, ligado a Cambio Radical y el uribismo, es el zar de las basuras. — Gustavo Petro (@petrogustavo) enero 3, 2014 Alberto Ríos controla el negocio de las basuras en Magangué, alcaldías de "La Gata", Córdoba, Sucre, también fue socio de los Nule. — Gustavo Petro (@petrogustavo) enero 3, 2014 El pasado nueve de diciembre la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 15 años a Gustavo Petro argumentando “tres faltas gravísimas” al hallar a Petro responsable por el caos de la recolección de basuras, un lio que se presentó en diciembre del 2012 pasado cuando él cambió el modelo que venía operando. Durante casi una semana la ciudad estuvo inundada de basuras. En lo corrido del año el alcalde no se ha referido a la convocatoria de revocatoria que también está en curso en contra de su mandato. La Registraduría fijó el 2 de marzo como fecha para el proceso que se vería truncado si el procurador reafirma la decisión de la destitución e inhabilidad por 15 años antes de ese día.