El escándalo de la reventa de boletas para el Mundial de Rusia 2018, que tiene a una docena de personas procesadas en la Fiscalía, entre ellos directivos de equipos de fútbol, dejó un escenario turbio en el que los empresarios de este sector se pusieron de acuerdo para adquirir más de 6.000 boletas que estaban destinadas a los encuentros para eliminatorias del mundial.

Las boletas las compraron para amarrarlas en un solo paquete y después revenderlas por un valor superior al fijado en el mercado. El caso tiene un nuevo capítulo con la aceptación de cargos, a través de un preacuerdo, al que llegaron dos empresarios vinculados al escándalo.

Se trata de Cesar Ronaldo Carreño e Iván Darío Arce Gutiérrez, socios de la empresa Ticketshop, y que ahora se convirtieron en dos nuevos condenados tras aceptar su responsabilidad en los delitos de agiotaje agravado, ofrecimiento engañoso y concierto para delinquir.

“A la pena principal de 40 meses y seis días de prisión, y multa de 44.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes por los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con agiotaje agravado y para el delito de ofrecimiento engañoso, le impone la multa de 6,7 salarios mínimos legales mensuales para cada uno de ellos”, señaló la juez de conocimiento al dar a conocer la condena.

Los dos empresarios, de acuerdo con el material probatorio recaudado por la Fiscalía, se pusieron de acuerdo para manipular la venta de las boletas que se dejarían a disposición de los seguidores de la selección y que pensaban llegar al estadio Metropolitano de Barranquilla a ver los partidos de la eliminatoria.

“Tenemos reporte de que no tienen registrados antecedentes de ninguna índole sin dejar de resaltar la gravedad de los delitos. La Fiscalía y la defensa acreditaron para cada uno de ellos la individualización de arraigo, las conductas por las cuales fueron condenados”, explicó la juez al leer la condena.

El escándalo se conoció cuando miles de aficionados se quejaron que, al tratar de comprar las boletas a través de medios virtuales y en la plataforma de la empresa Ticketshop, la página se cayó. Sin embargo, días después se activó la plataforma, pero las 6.000 boletas ya se habían vendido, lo que claramente no tenía explicación lógica.

La investigación de la Fiscalía logró establecer lo que realmente ocurrió. Los empresarios que se orquestaron compraron la boletería y simularon ponerlas a la venta, pero solo fue una fachada para esconder las irregularidades. Las boletas las guardaron y días después las revendieron en el mercado negro, afectando no solo a los aficionados, sino a la Federación Colombiana de Fútbol.

El acuerdo al que llegaron los empresarios –ahora condenados– con la Fiscalía no solo les dejó una pena de 3 años y 3 meses de prisión, sino una multa superior a los 50 salarios mínimos mensuales, además de una inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la pena.

“El juzgado concede la suspensión condicional de la ejecución de la pena por el término de tres años, para lo cual deberán cancelar una caución prendaria de dos salarios legales mensuales vigentes cada uno”, finalizó el juzgado al explicar que suspenden la pena en virtud del preacuerdo y tras advertir que deben cumplir algunos compromisos.