El nuevo superintendente de Salud, Ulahy Beltrán López, recientemente posesionado en el cargo por la ministra de Salud, Carolina Corcho, llegó con ‘guillotina’.
A solo cuatro días de haberse sentado en la silla como superintendente nacional de Salud, anunció que impartió la orden de liquidación de la EPS de la caja de compensación familiar Comfamiliar, en el departamento del Huila. Ahora, la entidad de vigilancia procederá a “la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios, así como la intervención forzosa administrativa para liquidar el programa de salud” de la mencionada Caja.
De acuerdo con los argumentos del superintendente, la EPS se encuentra en una crítica situación, lo que pone en riesgo la vida de sus afiliados, que no son pocos: 541.000 ciudadanos de los departamentos de Huila y Boyacá.
Beltrán López manifestó que, luego de un seguimiento realizado, pudieron establecer que la EPS “no logró implementar acciones contundentes que permitieran garantizar una atención integral a los ciudadanos”. El funcionario agregó que: “no podemos permitir que las administradoras de recursos no cumplan con su rol y pongan en riesgo al ciudadano y seguiremos tomando decisiones en los casos que identifiquemos vulneración a sus derechos”.
Deterioro progresivo
El 25 de julio de este año, Comfamiliar Huila también había sido intervenida por la Superintendencia de Subsidio Familiar, decisión que fue basada en un informe de hallazgos realizados por la Contraloría General de la República, relacionados con contratación, detrimento y sobrecostos encontrados en 2019.
En el tema puntual del segmento de salud, la Caja de Compensación había sido sometida a vigilancia especial por parte de la SuperSalud. Las acciones de poner la lupa a la EPS se iniciaron también en 2019, luego de los informes presentados por la Contraloría. En los intentos por hacer el debido acompañamiento que se activa en estos casos, la SuperSalud fue prorrogando la vigilancia de forma sucesiva. Fueron cinco oportunidades que tuvo la Entidad Promotora de Salud, durante tres años y medio, para corregir fallas, pero el deterioro continuaba en los principales indicadores de operación, según estableció la Superintendencia.
Lo más crítico en estos casos, según Beltrán López, es el deterioro de los temas asistenciales, porque allí si se traslada el riesgo a los usuarios del sistema de salud, lo que, inclusive, puede constituir una amenaza para la vida de los que van en busca de un servicio vital.
Por esa razón, el superintendente expresó que, con la decisión, está honrando su compromiso de “convertir a la SuperSalud en una entidad resolutiva, que sea aliada y solidaria con los ciudadanos, para que el respeto por el derecho a la salud se vuelva una costumbre y deje de ser solamente un discurso y una retórica”.
Asocajas se pronuncia
El gremio de cajas de compensación, Asocajas, se pronunció frente a la decisión tomada por la Superintendencia. Si bien dijeron que son respetuosos de las autoridades, hicieron un llamado “a reflexionar sobre el impacto que genera este tipo de decisiones frente a los pacientes, a quienes se debe definir rápidamente una ruta de atención, frente a las personas vinculadas a la EPS por la afectación laboral, y frente a las entidades receptoras que se ven afectadas financiera y operativamente”.
Quejas y freno a tratamientos
Hay que señalar que Comfamiliar Huila es la principal administradora de recursos de salud en este departamento. De manera reiterada, los usuarios se quejaban y hacían peticiones y denuncias, lo que llevó a la EPS a ser la de los más altos niveles de reclamos en el segmento del régimen subsidiado, por lo que estaba los primeros lugares, dentro de las empresas prestadoras de salud con más quejas en los dos departamentos donde opera.
Según explicó la Supersalud, no se trataba solo de quejas por demoras en la obtención de una cita con un especialista, como ocurría con frecuencia, sino temas más de fondo. Por ejemplo, “en los primeros ocho meses de este año, se registraron más de 8.267 peticiones, quejas y reclamos de los afiliados”, estableció la entidad de vigilancia.
La ‘tutelitis’ empezó a incrementar, y en los cinco primeros meses de este año, la EPS fue notificada de 749 acciones de tutela. Los reclamantes alegaban dificultades que ponían en peligro su vida, como las trabas para el acceso a servicios de alto costo como quimioterapias y radioterapias para cáncer. Esto, sin contar con las barreras con las que se encontraban los ciudadanos con VIH.
Alto riesgo de insolvencia
Las deudas fue otro de los criterios que tomó en cuenta la Supersalud para ordenar la liquidación. Por ejemplo, a mayo de 2022 la EPS debía 389.040 millones de pesos, mostrando así un incremento del 58 % en las acreencias, en comparación con 2018.
Los pagos pendientes con su red de proveedores era otra de las situaciones que podrían poner en riesgo a los afiliados, pues al no estar al día, las IPS podrían tomar el camino de no atención al usuario.
La situación de deterioro financiero de la EPS fue tal, que, con corte a mayo de 2022, el patrimonio era negativo en 375.701 millones de pesos.
¿Y ahora qué?
Luego de la orden de liquidación impartida por el superintendente de salud, Juan Carlos Varela fue designado como liquidador. La instrucción precisa que tiene Valera es “garantizar la prestación del servicio de salud a la población afiliada hasta que se lleve a cabo su traslado hacia las EPS receptoras”, lo que hará el Ministerio de Salud y Protección Social.