Camila Botero, alias Lucía, Jimena, Camila o Lucidó, una integrante del Frente Ernesto Guevara de la guerrilla del ELN, que gestionó ante ese grupo aporte de $23 millones para financiar a primera línea de Cali, Medellín y Pereira en las manifestaciones que se adelantaron durante el paro nacional, fue condenada a seis años y medio de prisión.
En el fallo se tuvieron en cuenta las interceptaciones en las cuales alias Lucía le pedía al jefe del Frente de Guerra Occidental del ELN, alias Fabián, respaldo económico, también solicitó apoyo logístico y entrenamiento para los grupos de primera línea, entre mayo y junio de 2021.
En las comunicaciones, Camila o Lucidó explicaba que era necesario brindar instrucción en manejo de explosivos y técnicas de combate urbano o ‘tropel callejero’, como lo llamaba en sus escritos, para confrontar a la fuerza pública y generar afectaciones contra infraestructura. de transporte masivo, instalaciones oficiales y bienes privados.
Las pruebas determinaron que la joven era la compañera sentimental de Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, considerado como el comandante político o integrante del Estado Mayor del Frente de Guerra Occidental del ELN, quien murió en medio de un operativo militar registrado en octubre de 2020.
Tras el operativo de captura de Lucía, en zona selvática de Nóvita (Chocó) se encontraron varios elementos que permitieron concluir que ella era la encargada de dar instrucción a los jóvenes reclutados que se encontraban en los campamentos de ese frente del ELN. Así como de preparar y garantizar la difusión de los diferentes comunicados, videos y distintas grabaciones de alias Uriel.
En medio del proceso judicial la joven firmó un preacuerdo con la Fiscalía General en el que aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, rebelión y falsedad material en documento público, situación que le valió una rebaja en la condena final.
En la emisión del fallo, el juez especializado de Quibdó (Chocó) negó cualquier tipo de beneficio judicial para la integrante del ELN, fijando una multa de 1.416 salarios mínimos legales vigentes. Igualmente estableció que debe pagar la condena en un centro carcelario.
Jueza que ordenó libertad de gestores de paz será interrogada
En el marco de esta semana se conoció que la Fiscalía General citó a interrogatorio a la jueza coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, Lilyan Jhoana Bastidas Huertas, será llamada a interrogatorio por parte de la Fiscalía General por las presuntas irregularidades que rodearon la liberación de dos jóvenes integrantes de la primera línea de Bogotá, quienes fueron designados por el Gobierno de Gustavo Petro como gestores de paz.
Así lo anunció el pasado lunes desde Guaviare el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, quien advirtió que, “la próxima semana se llamara a interrogatorio, derivado de una denuncia penal que presentó la Procuradora General de la Nación, a una jueza del centro de servicios de Bogotá, para que el marco de su debido proceso le explique a la Fiscalía las razones jurídicas por las cuales que no asignó, cuando recibió una solicitud para una suspensión de órdenes de captura, a un juez de control de garantías, como corresponde”.
El fiscal Barbosa se preguntó “¿por qué tomó la decisión de forma directa y no citó a un juez de garantías y en un caso posterior sí lo hizo? Creo que estas son unas dudas que tendrá que responder todo esto en el marco del debido proceso, pero tendrá que responder”.
Esta decisión se tomó después que la misma Procuraduría General radicara una denuncia por el delito de prevaricato por acción en contra de la funcionaria judicial al considerar que se extralimitó en sus funciones al ordenar el pasado 21 de diciembre la excarcelación inmediata de Santiago Márquez Charris, quien estaba recluido en la cárcel de Girón (Santander), y Adriana Esperanza Bermeo, quien estaba recluida en la cárcel de El Pedregal en Medellín.