Una guerra silenciosa y articulada se está viviendo en las calles de la ciudad y el saldo se cuenta en víctimas, destrozos y violencia. El irrespeto por las normas de tránsito, por las autoridades y los propios ciudadanos deja, solo en Bogotá, más de 30 personas lesionadas al día. La información que tienen las autoridades y que conoció SEMANA revela planes de grupos asociados a la primera línea, que trabajan de manera coordinada con el único objetivo de impedir los operativos de control. Incluso hay zonas que resultan vedadas para la Policía de Tránsito en la capital.
Los informes indican que el propósito es mantener y llevar a otros escenarios la anarquía expresada durante los días de protesta del paro nacional, principalmente en sectores de Bogotá donde la Policía no puede arriesgarse a adelantar operativos de tránsito: El Tintal, en el suroriente; el Codito, en el norte, y en algunos puntos de la localidad de Suba, en el noroccidente de la capital. Coinciden con los que fueron puntos de concentración de las protestas del paro nacional. “Para un simple puesto de control se requiere de acompañamiento del Esmad”, dijo el propio comandante de la Policía de Tránsito, el coronel Héctor González.
No resultan espontáneos los violentos ataques a la infraestructura de TransMilenio, a los articulados, a los buses del SITP y el bloqueo de vías que ahora parecen zonas vedadas para la Policía de Tránsito. De acuerdo con los informes de inteligencia, también tendrían articulación directa con las llamadas mafias del transporte ilegal. “No solo alientan los bloqueos y la destrucción de las estaciones, también se tiene información de que financian estos grupos”, explicó un investigador.
La Policía de Tránsito a diario se encuentra con grupos de bicitaxistas o camionetas blancas parqueadas en las afueras de las estaciones de TransMilenio donde antes estaban los buses alimentadores. Ofrecen el servicio de manera ilegal y hacer controles se convierte, en cuestión de minutos, en el bloqueo de vías como Las Américas, la Autopista Sur o la avenida Suba.
“Existe una coordinación y una vez enterados de los operativos de control se comunican, llegan jóvenes que nada tienen que ver con el transporte y se enfrentan a la Policía, bloquean las vías con la misma pericia de los días de jornada de protesta”, señaló un intendente de la Policía, tras advertir que tienen órdenes como atacar las estaciones de TransMilenio, liberar un detenido y hasta generar un incendio en los patios de movilidad.
En las investigaciones se identificó que estos grupos tienen personas encargadas de grabar y mover por redes sociales los actos de anarquía contra cualquier clase de procedimiento en materia de movilidad. Lo comparten con el objetivo de impulsar otros actos de violencia y estigmatizar la reacción de la Policía cuando requiere usar la fuerza.
Las consecuencias de este peligroso movimiento contra la Policía de Tránsito, impulsado por redes sociales, en criterio del coronel González, surtió efecto incluso entre quienes no hacen parte de los grupos de vándalos. “El impacto del mensaje de anarquía contra la institucionalidad se empieza a reflejar en el comportamiento de otros actores viales. Es más fácil enfrentar al uniformado que reconocer una infracción”.
Los videos que circulan en redes sociales con información falsa y consejos jurídicos que no están en ninguna norma claramente no son objeto de debate, solo de reproducción. Son fake news y, según el comandante de la Policía de Tránsito en Bogotá, se masifican y promueven el irrespeto por la autoridad, al punto de enfrentarse con los uniformados por considerar que el procedimiento es irregular, solo por el hecho de hacerlo la Policía.
El resultado de esa anarquía vial convirtió cada procedimiento de tránsito en un potencial enfrentamiento que ha dejado lesionados de lado y lado, conductores capturados por violencia contra servidor público, policías destituidos o que se retiran de la institución por el nivel de estrés que enfrentan todos los días. “Tenemos patrulleras que en esa violencia sufrieron secuelas físicas y psicológicas, no pueden estar en las calles, fue necesario ubicarlas en oficinas”, dijo el coronel González.
Otros casos van más allá del enfrentamiento con la Policía. Hay uniformados que han sido obligados a abandonar sus casas por cuenta de amenazas pintadas en las fachadas de sus viviendas. Otros fueron atropellados por los propios infractores en un intento por huir de los procedimientos. El panorama exige una solución urgente.
Las autoridades de tránsito se encontraron con una dificultad que en teoría debía ser una solución: los veedores de movilidad. Grupos de personas que aseguran representar al gremio, tal como ocurre en las protestas con los informales defensores de derechos humanos, pero que mediante transmisiones en vivo por redes sociales llegan a increpar a los policías en los puestos de control, con información que resulta incompleta o falsa.
Giovanny Montaña lidera una veeduría y reprocha la actitud de otros veedores en la forma y método que usan para exigir el cumplimiento de normas por parte de la Policía en los puestos de control. “Cambiaron su horizonte, se enfocaron en atacar a la Policía y crean un ambiente incendiario”. Este plan ya es de conocimiento de la Fiscalía, y se identifica como una estrategia política.