Aunque la ‘primera línea’, el enigmático grupo que protagonizó las protestas que iniciaron en Colombia el 28 de abril, ha menguado su accionar en algunas ciudades del país, en Cali las consecuencias de sus actos y la posición del gobierno local siguen a flote. Esta semana, la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra el alcalde Jorge Iván Ospina porque el mandatario habría contratado a algunos de sus integrantes en la Alcaldía.
La decisión del organismo de control generó revuelo político y dividió a varios sectores de la sociedad. Unos la consideraron un exceso porque el alcalde trató de acercarlos, entablar puentes y lograr una negociación que le permitiera detener el caos en su ciudad. Del otro, quienes piensan que el dirigente local tiene que asumir las responsabilidades de sus actos.
En un comunicado, la ‘primera línea’ en Cali se pronunció frente a la decisión disciplinaria. “Vulnera el derecho a la empleabilidad de los jóvenes”, afirmaron.
Recordemos que el 22 de septiembre pasado la Secretaría de Movilidad anunció la contratación de 40 jóvenes miembros de la ‘primera línea’ para desarrollar labores de semaforización, reparación de los mismos y demarcación vial. Al fin y al cabo, pretendían que quienes afectaron los bienes públicos los arreglaran. “Manifestamos nuestro rechazo y hacemos un llamado de atención al proceder de la Procuraduría al vulnerar el derecho a los jóvenes de tener un empleo”, añadió.
Relacionaron además la Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE que confirma que el 27,2 % de los jóvenes en Cali no tienen empleo, una medición que se hizo durante el mes de marzo de 2021. “Esto quiere decir que uno de cada tres jóvenes no cuenta con un empleo digno y es preocupante que las opciones para reducir estas alarmantes cifras sean perseguidas por el mismo Estado que debe garantizarlas”.
Aunque algunos sectores políticos han llegado a decir que la decisión de la Procuraduría es política y que la derecha está detrás de la indagación preliminar, el organismo de control solicitó a la Alcaldía que en diez días hábiles entregue la certificación que confirme las razones de hecho y derecho que originaron la decisión de contratar y vincular a la administración a miembros de la ‘primera línea’. Y dependiendo de la respuesta se decidirá si se abre o no una investigación formal contra el mandatario. Dentro de la solicitud se ordena que se anexen los nombres de las personas que contratarán, los sueldos y sus hojas de vida.
Esta decisión de la Procuraduría pone en aprietos a más de un alcalde del país que actualmente tiende puentes y trata de acercar a estos jóvenes para evitar nuevos desmanes en las ciudades. El problema es que uno de los compromisos a los que están llegando algunos dirigentes del país es la empleabilidad, una de las peticiones que más reclaman los jóvenes participantes de las protestas.
La gran preocupación es que mientras el alcalde Ospina ha tomado posturas en favor de la ‘primera línea’, para el fiscal Francisco Barbosa no existen dudas de que algunas células de ese grupo fueron infiltradas por grupos armados como el ELN, FARC y el Clan del Golfo, e incluso en algunas de las marchas fueron financiadas por las disidencias.