Una verdadera polémica se armó por la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro de liberar inmediatamente a los integrantes de los autodenominados grupos de la primera línea que fueron capturados por diferentes acciones violentas dentro de las manifestaciones que se presentaron durante el paro nacional entre 2020 y 2021. El decreto que expedirá el Ministerio de Justicia en las próximas horas plantea que estas personas sean designadas para ser gestores de paz, con el fin de concretar uno de sus proyectos políticos más ambiciosos.

Diferentes sectores políticos cuestionaron el proyecto al considerar que desconoce por completo la gravedad de los delitos que cometieron estas personas y los daños ejecutados tanto a civiles, integrantes de la Fuerza Pública y a la infraestructura, en medio de las diversas manifestaciones que se extendieron por meses y se registraron en todas las ciudades capitales del país. Han sido pocos los que han manifestado su apoyo a esta liberación masiva que se daría antes del 24 de diciembre.

Un registro de la Fiscalía General conocido por SEMANA reseña que se han realizado 171 imputaciones de cargos por diferentes delitos. De estos, 160 han sido llamados a juicio y nueve ya cuentan con fallo condenatorio en primera y hasta segunda instancia. Entre estos casos se encuentran el de Sergio Andrés González Pastor, alias 19, quien ya fue condenado a 14 años y medio de prisión por los hechos que se presentaron en el Portal Américas, en el occidente de Bogotá.

El ente investigador señala que existe 87 % de “avance de esclarecimiento” en estos procesos. A corte del 28 de noviembre se tienen 19 casos en investigación, 38 en etapa de juicio y cuatro en ejecución de penas. Por el momento, se desconoce si todas estas personas resultarían beneficiadas con el decreto que emitirá el Gobierno y en contra del cual ya se anunciaron las primeras demandas.

Y es que la variedad y gravedad de los delitos genera una gran problemática a la hora de emitir cualquier tipo de beneficio judicial puesto que no cumplen con las condiciones para una excarcelación.

Entre estos están daño en bien ajeno (en 101 casos), violencia contra servidor público (97), concierto para delinquir (86), secuestro simple (65) y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos (63).

El top 10 lo complementan la perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial (63), obstrucción a vías públicas que afectan el orden público (51), terrorismo (51), hurto calificado (46), lesiones (41), tortura (34), daño en bien ajeno agravado por atentar contra infraestructura de interés histórico, científico y cultural (33), así como terrorismo agravado (32) por asaltar instalaciones de la Fuerza Pública (32), cuerpos de seguridad o sedes diplomáticas.

La lista finaliza con delitos como hurto calificado en menor cuantía (31), receptación (30), tortura agravada contra servidor público (30), homicidio (29), homicidio agravado (29), incendio (28) y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (28).

La polémica libertad de Violeta

El primer golpe de esta política gubernamental llegó cuando se ordenó la liberación de Violeta Arango Ramírez, conocida como Violeta o La Rola, procesada por el atentado terrorista en el centro comercial Andino, en julio de 2017. La joven, quien era parte del Movimiento Revolucionario Popular (MRP) vinculado a la guerrilla del ELN, estuvo solamente seis meses privada de su libertad.

Violeta fue señalada por la Fiscalía General de haber adelantado actividades de inteligencia y ubicar artefactos explosivos panfletarios para sembrar el terror y la zozobra, en hechos registrados entre los años 2015 y 2017. El hecho más grave se presentó el 17 de junio de 2017, cuando ubicaron un artefacto que explotó en el baño de mujeres del segundo piso del Centro Comercial Andino, que dejó a tres personas muertas, entre ellas una ciudadana francesa, y 13 más heridas.

Por estos hechos, la Fiscalía General le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio y rebelión. En ese momento, tras la pregunta de la jueza de Control de Garantías, Violeta se declaró inocente.

La mujer fue capturada el pasado 5 de junio en medio de un operativo en contra del comandante de la guerrilla del ELN, Felipe Alvino, conocido con los alias de Pirry o Manolo. Las autoridades encontraron a dos mujeres y un hombre en el campamento en el que se escondía el jefe del frente de guerra Darío Ramírez Castro, que delinquía en el departamento de Bolívar.

Tras hacer la verificación de los documentos de los detenidos, se determinó que una de las personas que allí se encontraban era alias Violeta, quien se habría unido a esta estructura guerrillera desde hace varios años para cometer actividades terroristas. Igualmente, se cree que era la compañera sentimental de alias Pirry, quien resultó abatido.