Gustavo Petro volvió a salir triunfante en una de las tantas batallas judiciales que inició el excontralor distrital Juan Carlos Granados por sacarlo de la política. En este nuevo round, el Consejo de Estado dejó en firme una medida cautelar del Tribunal Superior de Cundinamarca, que suspendió embargos e inhabilidades en momentos en que se temía que el líder político quedaría por fuera de la arena pública por supuesta violación a la libre competencia en la implementación del esquema de basuras de Bogotá Humana.La Contraloría Distrital de Granados encontró responsable a Petro y a siete de sus funcionarios en la Alcaldía de Bogotá por un presunto detrimento patrimonial de 92.000 millones de pesos e hizo efectiva una acción de repetición a mediados de 2018. Petro acababa de ser derrotado a la Presidencia, pero como era el segundo candidato más votado tenía derecho a ocupar una curul en el Senado.El origen de la multa que impuso Granados era una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio al Distrito, por una supuesta transgresión a la Constitución al no haberse tomado medidas correctivas desde la EAB ESP y UAESP en la compra de los camiones recolectores de basura. "La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, adquirió parque automotor que le permitiera prestar el servicio de aseo en el 100% de la ciudad cuando solamente prestó el 52% a través de la Empresa Aguas de Bogotá. Entonces, los equipos comprados que no fueron utilizados corresponden al 48% de los adquiridos y en definitiva no se requerían", señaló la decisión del contralor Granados.En contexto:

Pero el procedimiento de la Contraloría Distrital podría haber incurrido en un pecado que acaba de ser detectado por el Consejo de Estado. El Alto Tribunal encontró que se mezcló en un único expediente un proceso de responsabilidad fiscal y una acción de repetición, recursos que tienen una naturaleza y trámite diferente. Por cuenta de este error, el Consejo de Estado además concluyó que la Contraloría Distrital se excedió en el ejercicio de las funciones. Aunque el Alto Tribunal no puede pronunciarse de fondo, porque el tema apenas comenzará a ser estudiado por el Tribunal de Cundinamarca, sí deja claro que la sanción de la Contraloría Distrital no puede estar surtiendo efectos porque podría afectar gravemente los derechos políticos del senador Petro. Además de dejar sentadas las bases de un error que podría a futuro representar la nulidad de la sanción que impartió el ente de control bajo la dirección de Granados.  "El trámite de este proceso apenas está iniciando y eventualmente podría surtirse en dos instancias, no puede aceptarse que mientras se decide de fondo esta controversia, estén surtiendo efecto actos administrativos que, en un análisis inicial de la controversia, presentan contenidos que resultan contrarios al ordenamiento jurídico, los cuales pueden afectar, en forma irreversible, el derecho fundamental a elegir y ser elegido", asegura la Sección Primera del Consejo de Estado.  En plata blanca, los cuestionamientos que hace el Consejo de Estado implican que ahora el Tribunal tendrá que evaluar si frente a la sanción de responsabilidad fiscal, la Contraloría logró demostrar que Petro actuó con culpa o dolo. Lo cual, hasta ahora, no está claro en el proceso.De hecho, la Contraloría Distritan sustentó: "Se realizó una evaluación de la condición del investigado como gestor fiscal, quien como alcalde mayor de Bogotá hacía parte de la junta directiva de la EAAB, así como de la conducta gravemente culposa en la que incurrió en dicha condición y de la responsabilidad fiscal correspondiente".Le recomendamos: 

Cabe recordar que cuando la Contraloría Distrital sancionó al exalcalde, se intentaron hacer efectivos embargos a su sueldo y se temió que quedaran restringidos sus derechos políticos. No obstante, el Tribunal -y así lo reconoció la misma Corte Interamericana- garantizó los derechos políticos del exalcalde emitiendo una medida cautelar que suspendió los efectos de la sanción de la Contraloría. Ahora, esa suspensión queda en firme en el Consejo de Estado, en momentos en que Petro ganó la batalla de fondo contra dos de sus enemigos políticos: el exprocurador Alejandro Ordóñez y el excontralor Juan Carlos Granados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a Petro en tanto a que entes de control no pueden restringir los derechos políticos de personas elegidas popularmente. Y por cuenta de esta confrontación, las normas colombianas se tendrán que ajustar para evitar que los jefes de los entes de control puedan mediante decisiones administrativas sacar de su cargo a los políticos, sin importar cuál sea su falta.