SEMANA conoció, en primicia, una comunicación enviada por el exjefe del Clan del Golfo, alias Otoniel.
“Un llamado al Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas para que cesen las actividades en contra de la fuerza pública en Colombia. No más paros armados que le están haciendo daño a la población civil. Se le hace un llamado al Gobierno nacional para buscar un acuerdo de paz que todos los colombianos anhelamos”, señala la comunicación.
Alias Otoniel se encuentra ya en Estados Unidos tras ser enviado hace varias semanas en extradición.
No es cualquier narcotraficante o un delincuente más. Otoniel operaba en la región de Urabá en Colombia, como el cabecilla del Clan del Golfo (CDG), que anteriormente era conocido como el Clan Úsuga y Los Urabeños. Las autoridades del orden público han determinado que de este grupo y sus antecesores se derivaron de grupos paramilitares y surgieron a partir de 2005 aproximadamente. Estos grupos eran identificados por el Gobierno colombiano como “bandas criminales” o “bacrim”, y heredaron la estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), así como una gran parte de los negocios de tráfico de drogas y armas de las AUC”.
Esta comunicación, enviada por medio de su abogado, se convierte en un nuevo llamado en el sentido de una misiva que había dado a conocer SEMANA.
La carta enviada por Clan del Golfo y exparamilitares
Y es que, sin duda alguna, la arremetida violenta del Clan del Golfo contra la población civil, policías y militares busca, según el propio ministro de Defensa, Diego Molano, ese objetivo: presionar una negociación con el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro.
Precisamente, SEMANA reveló en su momento esa carta en la que varios exjefes paramilitares, narcotraficantes y organizaciones como el Clan del Golfo buscan subirse al bus del “perdón social”, que fue tan polémico en campaña, pero del cual no hubo explicaciones.
SEMANA consultó con fuentes cercanas a los exjefes paramilitares y narcotraficantes que firmaron la carta, como Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo, y del Clan del Golfo, quienes confirmaron la idea de sumarse a la propuesta.
Según indagó este medio, de lograr el acuerdo, los firmantes del documento estarían dispuestos a contar su verdad sobre las relaciones que tuvieron con la clase política, militares, empresarios y ganaderos; quiénes los financiaron y cómo les entregaron millonarios recursos para mantener la guerra.
Sin embargo, como en toda negociación, debe haber algo a cambio para destapar esa olla podrida de la que todos hablan, pero poco se conoce.
Estos sujetos, que durante décadas han sido responsables de masacres, violaciones y asesinatos de inocentes, buscan un sometimiento a la justicia para recibir los beneficios de leyes existentes como los que está otorgando la Justicia Especial para la Paz, que nació tras la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc.
Los asesores de los firmantes de la carta que hablaron con SEMANA aseguraron que no es necesario crear un nuevo tribunal, basta con las leyes actuales para que se puedan subir al bus del perdón social o, si así lo considera, que el presidente Petro expida unas nuevas reglas de juego.