SEMANA conoció en primicia que uno de los capturados por el grave escándalo de corrupción que se presentó en el interior del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) busca firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía General para recibir beneficios judiciales a cambio de entregar nueva información.
En el documento enviado a la Fiscalía 214 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, la defensa del guardia del Inpec manifiesta su interés por lograr una negociación “antes de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento”, que se realizará en las próximas horas.
En el documento, firmado por la defensa del funcionario, se pide tener en cuenta la gravedad del caso y la información que podría entregar su defendido.
“Se tienen motivos fundados de que la vida de mi representado se encuentra en peligro, toda vez que su cooperación implica ir en contra de funciones adscritas al sistema Inpec”, señala la carta.
En otra misiva, enviada por el jurista a la Fiscalía, se manifiesta la importancia de resolver esta solicitud lo más pronto posible. “Reitero que es de vital importancia que se evalúe la cooperación antes de la solicitud de medida de aseguramiento, debido a que, por estar mi defendido en el sistema Inpec, se corre un alto riesgo de recibir presiones o posibles atentados contra la vida de él y de su núcleo familiar”.
En el operativo articulado entre la Sijín de la Policía, la Fiscalía y guardianes de Policía Judicial, y que fue bautizado como ‘Operación Rancho Picota’, fueron capturadas 15 personas, entre ellas siete funcionarios activos del Inpec –que trabajaban principalmente en el expendio y proyectos productivos–, así como ocho de sus familiares.
La investigación señala que un grupo de guardias se aliaron con peligrosos criminales detenidos y, a cambio de una gran comisión, ‘se hacían los de la vista gorda’ para permitirles el ingreso de licor, drogas y todo tipo de elementos que están expresamente prohibidos.
Las ganancias de esta organización criminal, según datos de los investigadores, oscilaban entre los 20 y 30 millones de pesos al mes. Para mover este dinero se realizaban consignaciones utilizando las plataformas de Nequi y DaviPlata, lo que evitaba el rastreo de las autoridades.
La cárcel La Picota, ubicada en el sur de Bogotá, era catalogada como “el expendio”, puesto que desde ese punto se permitía el ingreso de alimentos no autorizados.
Frente a este nuevo caso que sacude al Inpec, el director del Instituto, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez, explicó que, desde hace varios meses, se comenzó la recolección de información para identificar a los responsables de este hecho de corrupción.
“Hay que procurar condiciones más humanas para los detenidos, pero se debe atacar sin tregua la corrupción, sin importar si en estos hechos se ven involucrados hombres de la guardia”, explicó el coronel Gutiérrez.
Es un proceso que inició en 2023, cuyos resultados se dieron luego de una larga investigación. “Hay un factor que vale la pena destacar y es que estos comportamientos inaceptables, en el pasado, eran tramitados como irregularidades disciplinarias, pero ahora con la Fiscalía se investigan como delitos penales que permiten la investigación judicial y sanciones efectivas. Por eso mismo, ya están vigentes 72 procesos en lo que vendrán más resultados”, añadió.
La Fiscalía les imputó los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y concusión.