SEMANA conoció, en primicia, que la Corte Suprema de Justicia acaba de citar a versión libre para el próximo 25 de octubre a las 9 de la mañana, a la representante Catherine Juvinao. Esto en el marco de la investigación que adelanta el alto tribunal, por varias afirmaciones que ha hecho la congresista en las que habría incurrido en calumnia y/o injuria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La diligencia, según pudo establecer este medio, se llevará a cabo ante el magistrado auxiliar Álex Movilla, del despacho del magistrado Francisco Farfán.
Son varias las acusaciones que ha hecho Juvinao en redes, y que pensó que no iban a pasar de una publicación para sus seguidores y que ahora, que ya no es influencer sino senadora, deberá ponerles la cara en la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, el 12 de febrero de 2021, la congresista insinuó que el expresidente era un delincuente.
“El impacto de la renuncia de Álvaro Uribe a su curul en el Senado es que ahora todos los demás delincuentes del congreso hagan lo mismo. Qué vergonzoso legado de liderazgo: evadir la justicia, actuar como mafioso, burlar las instituciones, pasar por encima de la ley. Vomitivo”; escribió en la red social Twitter.
Esta y otras afirmaciones harán parte del expediente que revisará la sala de instrucción que la investiga, precisamente por su condición de congresista.
Juvinao tiene dos versiones libres este mes, esta del 25 de octubre por los señalamientos en redes sociales contra Uribe, pero un día antes, el 24 de octubre, deberá explicarle al alto tribunal posibles irregularides en materia contractual.
Precisamente, SEMANA reveló en primicia, que en 2020, el exdirector del CTI, el abogado Julián Quintana, presentó una denuncia contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, ante el coordinador de fiscales delegados en la Corte Suprema. En la denuncia incluyó a la ahora influencer y ahora congresista Catherine Juvinao, por el posible delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en modalidad de coautores, “por haber infringido los principios esenciales de la contratación estatal”.
Quintana alegaba en la denuncia que, supuestamente, se había firmado un contrato de prestación de servicios que se podría identificar como nómina paralela porque en la Gobernación ya había gente contratada para esas funciones.
El contrato se dio con la Gobernación de Magdalena, a la cabeza de Carlos Caicedo, por valor de 60 millones de pesos, para ejecutar en seis meses. Y precisamente, Juvinao deberá entregarle las explicaciones respectivas a la Corte Suprema de Justicia.
No solo por posible calumnia contra Uribe
La denuncia más reciente por un hecho similar, la presentó Yahir Acuña, diputado del departamento de Sucre, quien consideraba que Juvinao ha usado las redes sociales para lanzar calumnias e injurias sin sustento alguno. Acuña acudió a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la Nación para que se investigue a Juvinao.
Acuña asegura que la representante a la Cámara hizo señalamientos en su contra, a través de su cuenta en Twitter, que configuran la calumnia y la injuria por lo que pide que se abra una investigación por la comisión de los presuntos delitos.
En desarrollo.