SEMANA conoció, en primicia, detalles del nuevo informe que dará a conocer hoy el Ministerio de Justicia y la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en materia de cultivos ilícitos en 2021.

El documento es revelador porque Colombia llega a la cifra más alta en cuanto a aumento en su historia, basados en las cifras del año anterior (2021) con un crecimiento superior al 43%, en parte, señala el informe, impulsado por decisiones judiciales en temas como la erradicación manual y otros.

Las regiones más afectadas por el aumento son: Nariño, Norte de Santander, Antioquia y Putumayo. En total, dicho aumento representa un total de más de 204 mil hectáreas. La cifra es aterradora y refleja los pocos avances en la lucha contra los cultivos de uso ilícito, porque al comparar, por ejemplo, con 2012, eran 48 mil hectáreas totales que había en el país.

Cabe recordar que el presidente Iván Duque recibió 230 mil hectáreas del Gobierno Santos que fue cuando Colombia vivió cifras significativas de cultivos ilícitos por cuenta del acuerdo de paz de La Habana.

El potencial de producción es de 1400 toneladas de clorhidrato de cocaína que mantiene con tendencia al incremento, una situación que viene consolidándose desde 2014, confirmó Candice Welsh, directora regional de la UNODC para la región andina.

“La conformación de enclaves productivos se consolida como una de las estrategias más frecuentes de grupos al margen de la ley para la generación de rentas que facilitan su accionar ilícito. Los datos muestran que los cultivos de coca se siguen localizando en los mismos territorios con condiciones de vulnerabilidad. Solo el 63% de cultivos ilícitos está en tres departamentos, Nariño, Putumayo y Norte de Santander”, dijo Welsh.

Y agregó: “Hay 10 municipios altamente afectados. Ahora bien, por esta razón, es necesario que cada territorio pueda contar con acciones diferenciadas para enfrentar este tema”.

La presentación del informe ‘Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia 2021′, estará en manos del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El evento contará con la participación del ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, y la directora regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, Candice Welsh.

¿La erradicación forzada no se había detenido?

Respecto a la erradicación forzada, el pasado 23 de septiembre el ministro de Defensa, Iván Velásquez, expresó que seguía en pie y no se suspendería hasta que no se consoliden los diálogos con las estructuras armadas, en busca de la paz total.

“(...) La erradicación forzada no se ha levantado, pero entrados en conversaciones, en esos diálogos, que ya ha adelantado en varias partes el ministro del Interior, con la ministra de Agricultura, entonces la erradicación forzada se suspende”, dijo Velásquez a los medios de comunicación durante una rueda de prensa.

Ya el 25 de agosto, Petro había dicho que “suspender la fumigación aérea para cultivos ilícitos no es permiso para sembrar más plantas de coca. Hay que implementar de inmediato el PNIS, adicionado con sustitución de tierras, y proyectos de agroindustrialización de cultivos lícitos en propiedad del campesinado”.

En ese entonces, el mandatario recalcó que se debe implementar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) como medida para acabar con los sembradíos. Al mismo tiempo, hizo una advertencia para quienes no se acojan a la sustitución voluntaria.