“Condenar a Antonio del Cristo Guerra de la Espriella a las siguientes penas principales: ciento sesenta y cuatro meses y un día de prisión, multas de más de 1 mil millones e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas”. De esta manera, la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Ariel Torres en la Sala de Primera Instancia, acaba de emitir la decisión final en el caso del excongresista Antonio Guerra por el escándalo de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht. En la decisión salvó voto el magistrado Jorge Caldas. Es decir, Guerra deberá pagar más de 13 años y 8 meses de prisión.

Cabe recordar que la Corte Suprema ordenó en 2019 la detención preventiva del exsenador Antonio Guerra de la Espriella, como presunto autor de los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado, cohecho y tráfico de influencias. Curiosamente, la Corte Suprema lo absolvió por el delito de cohecho.

El exparlamentario de Cambio Radical afrontaba una investigación en la que se han recaudado pruebas que supuestamente lo comprometen con los sobornos pagados en el país por la multinacional Odebrecht, para obtener ventajas y favorecimiento en la adjudicación de contratos de infraestructura.

En el expediente se señala que Guerra “puso conexiones políticas al servicio de una organización delictiva. Está comprobado que mantuvo contacto con directivos de la multinacional brasileña. Lo informado por Bernardo Elías y Otto Bula es creíble. Se trata de testigos directos pues ambos están condenados tras aceptar haber participado en dicha estructura criminal para alcanzar adjudicación de contratos estatales. Ellos aportaron datos de certeza innegable”.

El fallo de la Corte, revelado en primicia por SEMANA, señala: “Que hubo una actividad de los miembros de una empresa criminal, entre ellos Antonio Guerra de la Espriella para llevar (...) a los gerente de los bancos Davivienda y Colpatria a otorgar el financiamiento de una pequeña firma extranjera que no tenía la capacidad para adquirir las acciones de Odebrecht en Navelena, mucho menos para lograr el cierre financiero que habría permitido seguir adelante con el proyecto de navegabilidad por el principal río del país, sin importarles las consecuencias de sus acciones pues su único propósito era obtener un indebido lucro económico para sí mismos, en perjuicio de la comunidad por la que el encausado juró trabajar desde el Congreso de la República”.

Tras la investigación, la Corte Suprema encontró a Guerra responsable de haberse concertado con particulares y servidores públicos para que se repartieran contratos de obras públicas en condiciones favorables a Odebrecht a través de sobornos precisamente. El proyecto que en este caso, más importaba a Guerra era Ruta del Sol II.

La Procuraduría advirtió en su momento que que Guerra habría usado su cargo o prestó su concurso “al conglomerado económico con el propósito de promover su actividad en el país, ya que intervino directamente en la gestión de reuniones para buscar el apoyo de entidades bancarias para que la multinacional Odebrecht obtuviera el cierre financiero del proyecto de navegabilidad del Río Magdalena, además de su inocultable interés en los trámites de adición del tramo Ocaña-Gamarra, al contrato principal del proyecto ruta del sol 2″.