SEMANA conoció en primicia que el Consejo de Estado admitió para su estudio una acción de tutela en la que se pide aumentar el pie de fuerza y a los agentes de seguridad en inmediaciones al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá.
Esto, debido a las manifestaciones convocadas para el próximo 22 de febrero en medio de la reanudación de las votaciones para elegir a la nueva fiscal general de la nación.
El accionante, quien se presenta como “agente oficioso de los ciudadanos residentes en la ciudad capital” y “de niños y niñas, adolescentes que estudian en los colegios aledaños al Palacio de Justicia”, acotó la grave situación que se presentó el 8 de febrero, cuando manifestantes impidieron la entrada y salida de magistrados, funcionarios y empleados del Palacio. Ello obligó a la intervención del Esmad.
Por esto, pidió la protección de los derechos fundamentales a la vida e integridad personal. Teniendo en cuenta la situación narrada y los hechos que podrían presentarse, el Consejo de Estado, como medida provisional, le ordenó al alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, que “tome las medidas necesarias para reforzar la seguridad del Palacio de Justicia y sus alrededores”.
Estas incluirán el “reforzamiento de pie de fuerza y el establecimiento de controles del tráfico de aproximación al Palacio de Justicia, y la consulta y actuación de conformidad con los informes de inteligencia que hayan sido recabados sobre este tipo de conductas que fueron denunciadas en la marcha anterior”.
Esto, con el fin de “identificar y ejercer vigilancia sobre personas interesadas en infiltrar las marchas con el propósito de desestabilizarlas y generar estados de alteración o afectación del orden público”.
En el análisis jurídico, el magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas tuvo en cuenta los reportes periodísticos que hicieron énfasis en la grave situación de la jornada de protestas frente al Palacio.
“Como por distintos medios de comunicación se ha informado que algunos sectores anunciaron que convocarán a nuevas marchas en el centro de Bogotá, para exigir la nueva elección del fiscal general de la nación, el despacho, considerando los hechos ocurridos el 8 de febrero pasado, cuando al parecer las manifestaciones públicas de protesta fueron infiltradas por sujetos ajenos a los convocantes”, advierte la decisión.
Con el fin de evitar que se presenten estos hechos y proteger los derechos fundamentales a la libertad, a la integridad personal y a la vida de los “manifestantes pacíficos, el tutelante, y de quienes laboran en esa sede judicial”, se ordenó tomar las medidas de seguridad y protección.
Frente a la otra petición, el Consejo de Estado determinó que no se puede suspender la votación que realizará la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta la importancia y trascendencia del hecho para el país.
“El suscrito magistrado comprende, al margen de la gravedad que tuvieron los hechos ocurridos el 8 de febrero de 2024 en los alrededores del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía, que la elección del fiscal es un trámite que está sujeto a las normas constitucionales y legales que regulan, y en ese orden, la suspensión de dicho mandato resulta improcedente. Por lo cual la medida de suspensión provisional solicitada será negada”, concluye.