SEMANA conoció, en primicia, la decisión que acaba de tomar la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia que se inhibió de continuar con investigación en contra de la excongresista Sandra Villadiego por el escándalo de Odebrecht.
Villadiego fue mencionada por el empresario Federico Gaviria, en su momento, porque según él, habría recibido unos beneficios de Fonade a cambio de frenar los debates de control político que se iban a adelantar por el escándalo de la multinacional brasileña Odebrecht “ante los cuestionamientos que surgieron en la región por actos de corrupción de la compañía”, advierte el alto tribunal.
Dos magistrados se apartaron de la decisión mayoritaria: Francisco Farfán y Cristina Lombana.
La propia Villadiego ―una de las votaciones más altas del Partido de La U en el senado en 2014― estuvo salpicada en el escándalo de los buldóceres, el grupo de congresistas que Odebrecht usó para mover su corruptela en el Congreso y lograr millonarios contratos en el gobierno de Juan Manuel Santos.
Precisamente, cabe recordar, la aspiración de Sandra Villadiego al Senado, en Bolívar, encendió las alarmas a mediados del año pasado.
La inscripción de la mujer, excongresista en 2010 y exsenadora en 2014, generó un choque al interior de la lista progresista porque demostró que Gustavo Petro, ahora presidente, contrario a lo que promulgaba en ese momento, estaba jugando al todo vale con tal de alcanzar las curules necesarias que le permitieran a su coalición alcanzar el mayor número de curules y de paso brindar gobernabilidad. El problema no solamente era Villadiego, sino Miguel Ángel Rangel, su esposo, excongresista condenado por la Corte Suprema por nexos con los paramilitares.
Cabe recordar que, desde que iniciaron las investigaciones sobre los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios colombianos, el segundo tramo de la Ruta del Sol había estado en el ojo del huracán. Y el otrosí Ocaña-Gamarra, que se adicionó al proyecto, se había llevado de cabeza a numerosos funcionarios y políticos.
En diciembre de 2021, la lupa de la justicia estaba sobre Álvaro Ashton, Emilio Morales y Sandra Villadiego. La razón es que la sala de casación penal de la Corte Suprema anunció haber encontrado méritos suficientes para abrirles indagación preliminar “por su presunta responsabilidad en las irregularidades que se registraron en la contratación del tramo Ocaña Gamarra Tramo II”.
SEMANA conoció también los salvamentos de los magistrados Francisco Farfán Molina y Cristina Lombana, en contra de la decisión mayoritaria. En síntesis, consideran los togados que faltaban por recopilar más pruebas para decir que no existió responsabilidad de la excongresista Villadiego en los hechos.
Los argumentos son contundentes: “Lo procedente habría sido abrir investigación formal contra la excongresista o a lo sumo continuar en la etapa preliminar”, se lee en los salvamentos.