Para el 10 de febrero de 2023 quedó fijada la audiencia en la cual la Fiscalía General acusará formalmente a Daniel García Arizabaleta por el caso Odebrecht. El exdirector del Invías tendrá que responder en juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.
La investigación resalta que entre los años 2009 y 2013, el entonces director del Instituto Nacional de Vías habría recibido pagos sistemáticos por parte de los directivos de la multinacional brasileña como contraprestación por los servicios que le estaba prestando, con la entrega de contratos de infraestructura y así favorecer los intereses económicos de la empresa.
Debido a su cargo, García Arizabaleta se había convertido en una persona de “confianza y de gran interés” por parte de Odebrecht por “los proyectos en los que estaba interesada”. La multinacional sabía que el Invías tenía una notable participación en la entrega de los contratos de infraestructura en el país.
Odebrecht, según indican las evidencias documentales, le pagó “honorarios a nombre propio” que le permitieron a García Arizabaleta lograr un incremento patrimonial de 360 millones de pesos. Sin embargo, debido a que para el momento de los hechos, el ahora procesado, era funcionario público (esto debido a que estuvo en el Invías entre el 25 de febrero de 2007 hasta el 27 de febrero de 2009), se hizo una triangulación con el fin de no llamar la atención de las autoridades.
Para esto se firmaron dos contratos ficticios con la empresa Consultores Unidos S.A., por temas relacionados con la asesoría comercial, y así “ocultar la relación existente con Odebrecht”. De esta forma, la multinacional le pagaba sus honorarios por intermedio de la mencionada sociedad que lideraba el empresario Eduardo José Zambrano, quien ya fue condenado.
La Fiscalía General citó que García cobró una decena de cheques ante Consultores Unidos, la cual concuerdan con los registros en las cuentas bancarias de García Arizabaleta, registrando que el exdirector del Invías hizo los cobros por ventanilla y otros por medio de transacciones a su cuenta de ahorros.
“Por vía del cobro de las facturas usted obtuvo un incremento injustificado 360 millones de pesos. Conocí que el dinero era por pagos por gestiones que estaba haciendo Odebrecht y con esta acción usted lesionó el bien jurídico al obtener un incremento derivado de una actividad presuntamente delictiva sin justa causa”, explicó la Fiscalía.
Sin embargo, se determinó que se presentó una variación injustificable en el objetivo del contrato, lo que demuestra que se presentó de acciones simuladas que nunca tuvieron una relación clara con la realidad. “Se evidencia que sus cuentas de cobro consignaron con un concepto completamente diferente al contratado como objeto contractual, en el cuerpo del documento se emitió un concepto ante el IDU cuando el objeto correspondía a otra razón”.
La fiscal llamó la atención de que, debido a su cargo y a su formación académica, García Arizabaleta sabía que su actuar no era conforme al Derecho. “Comprendía que los actos constituían actos ilícitos”, explicó la delegada del ente investigador.
La Fiscalía General manifestó que García Arizabaleta se expone a una condena entre los diez y los doce años prisión de ser hallado culpable por este caso. En la audiencia de imputación de cargos celebrada el pasado 22 de junio, García Arizabaleta se declaró inocente.
“Creo que este es un tema político y no acepto cargos”, atinó a decir el otrora candidato al Senado por el Centro Democrático. Es que, debido al anuncio hecho por la Fiscalía en marzo, las directivas de este partido le pidieron que resolviera primero su situación jurídica.
García Arizabaleta cuenta con dos sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General por falsificar su hoja de vida, en lo referente a la experiencia, para llegar al cargo en el Invías.