SEMANA conoció en primicia el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que rechazó las pretensiones de David Murcia Guzmán, cerebro de la pirámide de DMG, y que actualmente se encuentra en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, de Bogotá, cumpliendo una condena de 22 años.
El alto tribunal negó la tutela presentada por la defensa de Murcia Guzmán, en la que reclamaba su libertad inmediata considerando que ha sido sentenciado dos veces por el mismo delito, situación que va en contravía de la Constitución Política.
Para la Corte, el hombre detrás de DMG tenía otros recursos jurídicos a la mano para reclamar por las decisiones que han tomado tanto la Sala Penal del Tribunal Superior Judicial de Valledupar y el Juzgado 4 de Ejecución de Penas de la capital del Cesar, que le negaron la libertad.
“No se demostró -ni se avizora- la concurrencia de los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional para la configuración de un perjuicio irremediable, como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad, que haga forzosa la intervención transitoria del juez de tutela”, advirtió la Corte.
Igualmente, se manifestó que “no es posible estudiar de fondo lo propuesto por el abogado de David Eduardo Helmunt Murcia Guzmán, debido a que el juez de tutela se inmiscuiría indebidamente en un asunto de competencia de los jueces naturales y sobre el cual aquel tiene a su disposición medios de defensa aptos para garantizar la protección que se reclama en la residual y subsidiaria solicitud de amparo”.
Murcia Guzmán ha manifestado varias veces que se le ha vulnerado su derecho fundamental al debido proceso y la prohibición de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, citando que ya cumplió en los Estados Unidos una larga sentencia por lavado de activos. En este sentido considera que varios de sus socios y personas relacionadas con DMG se encuentran en libertad e incluso esquivaron la extradición.
La historia del auge y caída de DMG se remonta al 2008, cuando se encontró que capitalizó “una base económica” para suplantar “sin autorización del Estado, a las entidades bancarias en el ejercicio de actividades netamente financieras”, por medio de la venta de tarjetas prepago para que sus inversionistas compraran bienes, servicios, acciones y publicidad.
De esta forma logró captar del público, “sin la verificación de su procedencia, sumas multimillonarias que posteriormente invirtió en empresas de Colombia, Panamá, México y Estados Unidos”. Tras desafiar al Estado y celebrar multitudinarias marchas en varias ciudades, David Murcia Guzmán fue capturado el 19 de noviembre de 2008 en ciudad de Panamá.
El 16 de diciembre de 2009 un juzgado especializado de Bogotá lo condenó a 30 años y ocho meses por su responsabilidad en los delitos de lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dineros.
Mientras cumplía esta sentencia, fue extraditado a los Estados Unidos. El 8 de julio de 2011 una Corte del Distrito Sur de Nueva York pidió su extradición para que compareciera en juicio por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero. El 8 de julio de 2011 fue sentenciado a 9 años y tres meses de cárcel.
A mediados de junio de 2019 regresó al país con la certificación que su condena en Colombia había sido rebajada a 22 años y diez meses. Sin embargo, y pese a sus reclamaciones, fue trasladado nuevamente a un centro carcelario. Hecho por el cual presentó una reclamación ante un juzgado de ejecución de penas que le negó su argumentación por violación al debido proceso.