El presidente Gustavo Petro busca sacudir los procesos que avanzan en su contra en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, en especial lo que tiene que ver con la corrupción en la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño y los ríos dinero que habrían sido recaudados en la Costa Caribe a personas cuestionadas, sin que fueran reportados en los libros de campaña. Como dijo el mismo Nicolás Petro, “mi papá sí sabía”.
Vale la pena recordar que los fiscales le pidieron a Nicolás que explicara por qué decía que su papá estaba al tanto y él aseguró: “Porque yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía; cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flórez, entonces él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides financiaba. Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña”.
Sin embargo, pese a la claridad y los detalles de la confesión del hijo del mandatario, de la cual luego se echó para atrás, la defensa del presidente, encabezada por el abogado Mauricio Pava, señala que esta declaración no es válida como prueba.
“Se solicitó la exclusión de la denuncia del senador JP Hernández por estar basada en un fallido proceso de colaboración, tal y como fue denunciado por el propio senador. La ley prohíbe usar la declaración de Nicolás Petro ante la Fiscalía General de la Nación, como medio de prueba en cualquier proceso”, señala el comunicado de la defensa del presidente Petro.
Pero eso no es todo, la defensa del mandatario Petro no solo está dejando sin validez la confesión de Nicolás Petro, porque esta se habría dado en un fallido proceso de colaboración con la Fiscalía, cuando estaba negociando un preacuerdo para no terminar en prisión. Además, pidieron el archivo de seis denuncias, sobre el mismo tema, por parecer temerarias.
En la práctica se trató de denuncias presentadas cuando SEMANA publicó la información, pero quienes las interpusieron no presentaron una sola prueba adicional, y cuando fueron citados por la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para ampliar sus señalamientos, según el comunicado de la defensa, “afirmaron que no les constaba nada de manera directa y concreta, salvo lo que habían oído en medios periodísticos”.
Entre esas denuncias estaba la que no podía faltar, la del veedor Pablo Bustos, quien tampoco agregó más información ni pruebas.
Según pudo indagar SEMANA, lo que se busca en este proceso, por parte de la defensa del mandatario, es depurar el proceso para realizar una defensa técnica basada en argumentos y justamente apuntando a desmentir pruebas y testimonios serios, y no señalamientos temerarios.
Justamente, en el marco de las denuncias y la solicitud de ampliación de las mismas, tendrán que ir y presentarse ante la Comisión de Acusaciones los congresistas Miguel Polo Polo y Miguel Uribe, así como el alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, quienes tendrían que asistir en 2024.
Los que sí pusieron cara ante la citación para ampliar sus denuncias fueron los también congresistas Paola Holguín, JP Hernández y Christian Garcés.
En la Comisión se investigan las múltiples irregularidades que se habrían cometido en la campaña presidencial de Gustavo Petro, en especial en la Costa Caribe, donde, al parecer, ingresó dinero que nunca fue reportado y que se ha venido documentando en diferentes publicaciones de revista SEMANA.
En primer lugar estuvo la entrevista y los chats de Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, quien contó cómo, cuando estaban juntos, recibieron dinero, regalos y hasta una camioneta como aportes a la campaña. Además, los chats dejaban claro cómo se había empezado a mover el hijo del presidente en busca de contratos y burocracia, y la vida de ricos que se daban con ese dinero.
Luego vinieron los audios del exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien en medio de discusiones con Laura Sarabia, exjefa de Gabinete y hoy directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), le recriminaba por la falta de atención desde el gobierno y, con voz en cuello, afirmaba que iba a contar de dónde salieron los 15 mil millones de pesos para la campaña y que estos no los había entregado un emprendedor.
“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia.
A todo esto se suma la confesión de Nicolás Petro en la que contó en detalle cómo entró la plata, el papel protagónico como financiador del empresario Euclides Torres, cómo el modelo corrupto se multiplicó en otras regiones como Sucre; el rol de la primera dama, Verónica Alcocer, y más detalles, entre los que retumba la frase “mi papá sí sabía”. Sin embargo, esta última, no serviría como prueba.
Nicolás dio detalles de cómo se manejaba el dinero, cómo se les entregaba a los líderes y cómo se financiaba el transporte y la sede en Barranquilla. “Cuando llegó a la campaña, (Benedetti) siempre nos decía que él ponía la plata, que él buscaba la plata y la plata la conseguía a través de Euclides, pero quien canalizaba esos recursos era Pedro Flórez, el (hoy) senador”.
El hijo del presidente les dijo a los fiscales que hubo una reunión en Barranquilla –en la cual él estuvo presente– entre el candidato Petro y el empresario Christian Daes, y que todo fue organizado por María Antonia Pardo, quien durante un tiempo manejó las comunicaciones de la campaña y hoy está vinculada al Gobierno con ProColombia.
Frente al interés que habría tenido Daes de entregar dinero para que Petro fuera presidente, Nicolás afirmó: “Él es un empresario, es contratista también del Estado, ellos aportan unos dineros con la expectativa de que al Gobierno el día de mañana les puedan tocar la puerta y el Gobierno se las pueda abrir”.