Por posible riesgo inminente de violación al derecho de presunción de inocencia, la defensa internacional del empresario Carlos Mattos pidió que se avale el preacuerdo con la Fiscalía.
SEMANA conoció en primicia la solicitud que hizo la firma Víctor Mosquera, señalando que la decisión tomada por el ente investigador afecta de alguna manera las garantías del proceso para Mattos.
Esto se da un día después de que la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General le solicitara formalmente a la Cancillería un concepto sobre la situación de Carlos Mattos. Esto, ante el comunicado que envió la Embajada de España en el que señala que solo puede ser juzgado por dos de los cuatro delitos que se le imputan en el llamado a juicio por el caso Hyundai.
“Es necesario advertir que, al retirarse el preacuerdo, se configura una gravísima vulneración al derecho a la presunción de inocencia del señor Mattos, por cuanto una de las condiciones impuestas por la Fiscalía en el acuerdo inicialmente negociado, fue que este aceptara su responsabilidad penal. De esta manera, y en la medida en que el preacuerdo original fue ampliamente difundido a través de medios de comunicación, el señor Mattos fue presentado ante la opinión pública como culpable. Por tanto, al retirarse el acuerdo y producirse un juicio, es prácticamente nula la posibilidad de que el señor Mattos sea absuelto”, señala el comunicado del abogado Víctor Mosquera.
Y agregan: “la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, se uniría a la lista de graves violaciones a los derechos humanos e irregularidades que se han producido en este caso, dentro de las que se encuentran, por ejemplo: 1. Las amenazas efectuadas por la Fiscalía a los abogados del señor Mattos, probadas por el Grupo contra la Detención Arbitraria de la ONU. 2. Las múltiples solicitudes de extradición desde España (país del cual es nacional), aún cuando el señor Mattos pudo haber sido juzgado usando medios tecnológicos”.
Teniendo en cuenta los alcances del tratado de extradición que existe entre los dos países, se señala que Mattos ―quien fue extraditado en noviembre pasado tras pasar muchos años en España― no puede ser juzgado por los delitos de utilización ilícita de redes de comunicación y acceso abusivo a un sistema informático y daño informático. Esto debido a que estos casos no están tipificados en la legislación española.