SEMANA conoció, en primicia, el documento con el que la Procuraduría General de la Nación constituyó una agencia especial para intervenir en el expediente contra una patrullera de la Policía por presunta inducción a la prostitución. En este caso, la protagonista de este escándalo es la patrullera Daniela Echeverry Gómez, adscrita al Comando de la Policía Metropolitana en la capital de Bolívar y quien fue capturada el pasado 18 de diciembre.

En el mismo proceso está vinculada otra mujer llamada Bertha Ramírez Torres, señalada por su presunta responsabilidad en los delitos de trata de personas, inducción a la prostitución, uso de menores de edad para la comisión de delitos y tráfico de estupefacientes.

“La agencia especial fue asignada al procurador 31 Judicial I de la delegada del Ministerio Público para Asuntos Penales, quien se encargará de intervenir y hacer un acompañamiento permanente a las diligencias que se adelanten en desarrollo del proceso”, señaló la Procuraduría.

Y es que no es para menos. Daniel Echeverry, según las pruebas, aprovechaba su posición en la división de Infancia y Adolescencia en Cartagena para permitir e inducir a la prostitución y el tráfico de mujeres en puntos turísticos muy visitados como Barú, Centro Histórico e Islas del Rosario.

La audiencia adelantada en contra de las dos procesadas continúa hoy a las 2 p.m., ante un Juez de Control de Garantías de Cartagena.

Al respecto, y más allá de los particulares referidos, SEMANA ha procedido a corregir suprimiendo el subtítulo de la nota original de la presente publicación señalado como “el caso con menores es escandaloso”, y adicionalmente a rectificar esta nota, en el sentido de que la causa de la privación de la libertad de la señora Echeverry Gómez no se encuentra relacionada con conductas ilegales con menores de edad.

Otro escándalo en la Policía

El caso de la patrullera en Cartagena ocurre pocos días después de otro caso que tiene la lupa de Procuraduría: el de Diana Carolina Morales Palma, una mujer que era, hasta hace poco, una patrullera de la Policía Nacional, con buen comportamiento, sin ninguna sospecha de sus compañeros, y quien terminó envuelta en el ojo del huracán.

Hace pocos días fue capturada en plena ceremonia en la que, incluso, estaba presente el director de la entidad, Henry Armando Sanabria.

“Ya lo decía yo que siempre había una desgracia en diciembre, cada quien responde por sus actos”, se le escucha decir a Sanabria en el video mientras la patrullera es trasladada esposada frente a todos sus colegas.

Mientras el oficial hablaba, dio la orden de pasar por el frente de los demás policías a la patrullera identificada con los apellidos Morales Palma, quien está siendo acusada de estafar a la organización en la que trabajaba.

Morales Palma es señalada por el posible hurto de entre 200 y 300 millones de pesos. ¿Cómo ocurrió? Según la Fiscalía, la patrullera trabajaba en el área de Tesorería de la Policía Nacional y desde allí alteró el sistema de información de la entidad para desviar altas sumas de dinero hacia sus familiares.

De acuerdo con fuentes consultadas por SEMANA, la uniformada aceptó varios cargos como fraude procesal, desobediencia, peculado por apropiación, acceso abusivo a sistema informático y peculado por apropiación en modalidad de tentativa. Estos delitos ya fueron imputados en su contra por parte de un fiscal delegado que tendrá que revisar el expediente y determinar si hay elementos para una destitución, que sería el escenario más probable.

Según el expediente, la patrullera aprovechó el conocimiento que tenía para realizar pagos a favor de terceros, incluso de acreedores a través de sistemas de información SIIF Nación II, que pertenece al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el segundo sistema utilizado fue el SAP, del Ministerio de Defensa.

La patrullera, según pudo establecer SEMANA, realizó el pago de cuatro transacciones por un valor total de $ 286′376.656,46 y quedó pendiente en trámite de pago una suma cercana a $ 75′000.000.

Luego viene otro giro de $ 69′872.432,25 y uno más por $ 37′985.687,31 con dos órdenes de pago de distintas referencias.

Aparece en el expediente otro pago de $ 88′954.341,02 cuya referencia es 307125622. En este caso, Morales Palma hizo el pago a un tercero, y la suma de dinero fue enviada o girada a una cuenta de ahorros personal.

Mientras la Policía captura y lleva a prisión a los mismos uniformados, el Gobierno pide libertad a delincuentes.