“De conformidad con la Constitución Política de 1991, Colombia es un Estado social de derecho con una institucionalidad democrática sólida, participativa y pluralista. Tal como ha hecho en ocasiones anteriores, la CIDH reconoce que esa carta política introdujo una arquitectura institucional equilibrada entre los poderes públicos y organismos autónomos con funciones específicas de control”, con esas palabras inicia el documento de 40 páginas, que sirve como borrador del informe final que emitirá en las próximas horas la CIDH tras su visita a Colombia.
En el informe que ya está levantando ampolla, la Comisión le pide al Estado colombiano “limitar actuación del Esmad” a situaciones estrictamente necesarias, pues en el marco de las manifestaciones muchos ciudadanos denunciaron excesos del Escuadrón Antidisturbios, entre los que se encuentran golpes, capturas, exceso de fuerza, disparos y uso de armas para causar daño.
La visita se llevó a cabo entre 8 y el 10 de junio y, en dicho borrador, que podría tener modificaciones, la Comisión que señala por ejemplo cómo las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016.
“La Comisión constató un amplio consenso entre representantes del Estado y la sociedad civil frente a las causas del descontento que subyacen a las protestas, tal como la profunda inequidad en la distribución de la riqueza, la pobreza, la pobreza extrema, y el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, en particular, educación, trabajo y salud. Igualmente, los altos niveles de violencia e impunidad, así como la discriminación étnico-racial y de género”, señala un aparte introductorio del documento.
La CIDH advierte que constató “la existencia de un clima de polarización que se relaciona de forma directa, tanto con la discriminación estructural étnico racial y de género, como con factores de carácter político. Este fenómeno está presente en diferentes sectores sociales y se manifiesta en discursos estigmatizantes, que a su vez propician un acelerado deterioro del debate público. La Comisión Interamericana encuentra especialmente preocupante estos discursos cuando provienen de autoridades públicas”.
Uno de los primeros capítulos titulado “las protestas sociales iniciadas en abril de 2021″ señala que las jornadas de movilización, que comenzaron el 28 de abril de 2021, tienen reclamos similares a los de las movilizaciones de años anteriores. A través de sus mecanismos de monitoreo, la CIDH registró las protestas que se llevaron a cabo en 2019 y 2020 a nivel nacional. Entre otras cosas, estas estuvieron motivadas por el aumento de los niveles de pobreza, inequidad y violencia, aunado al creciente número de asesinatos de personas defensoras, líderes y lideresas sociales, representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como firmantes del Acuerdo de Paz”.
El documento relata que el Estado colombiano reportó a la CIDH que, entre el 28 de abril y el 4 de junio, en el marco del paro nacional, se realizaron 12.478 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos, que incluyen: 6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas. El 89% de las protestas, esto es 11.060, “se desarrollaron sin registrar hechos de violencia y contaron con el acompañamiento de las personerías municipales, gestores de convivencia, funcionarios de la defensoría del pueblo y agentes policiales”.
Sin embargo, en otro aparte, sí existe preocupación por algunos hechos: “La Comisión expresa especial consternación por el fallecimiento de dos bebés, presuntamente sucedida debido a la falta de atención médica en el marco de las disrupciones ocasionadas por las protestas”, advierte el punto 127 del borrador.
Ataques a la fuerza pública y a las misiones médicas
Y luego agregan que condenan el fallecimiento de 3 integrantes de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones. Asimismo, deplora el presunto ecuestro, la desaparición y asesinato del agente Carlos Andrés Rincón Martínez, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado con señales de tortura en la ciudad de Cali. Adicionalmente, la Comisión tomó nota el incendio de un CAI de la Aurora con 10 policías en su interior; el ataque a 6 policías con una bomba incendiaria en Pasto; así como los 1.343 policías lesionados, 4 de los cuales aún continuaban internados. De igual manera, el Estado indicó que, “en el marco del paro, 14 policías prestando su servicio para garantizar la manifestación pública y pacífica han sufrido lesiones oculares, 12 con objetos contundentes, 1 con arma de fuego y 1 con agente químico”
La CIDH también deja claro que recibió múltiple información sobre ataques a las misiones médicas, poniendo en riesgo la vida e integridad del personal de salud, así como sobre denuncias de obstáculos para el tránsito regular de vehículos de emergencia sanitaria, transporte de insumos médicos y alimentos, frente a los que se precisa que éstos se habrían dado de forma excepcional en el marco de algunos cortes de vías.
Adicionalmente, dice el informe, “se recibieron denuncias sobre la presunta obstrucción del paso de ambulancias por parte de la fuerza pública, como sobre su uso en algunos casos para el transporte de fuerza pública y/o su armamento, en lugar de con fines de salud, lo que no sólo desvirtuaría la labor de las misiones médicas, sino que eleva el nivel de riesgo que enfrenta el personal de las mismas en el actual contexto”.