Fuentes de SEMANA confirmaron la intención del presidente de la República, Iván Duque, de solicitar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la apertura de un macrocaso que investigue los crímenes de guerra contra los miembros de la Fuerza Pública por parte de grupos ilegales al margen de la ley.

Además, el primer mandatario estaría presentando ante la opinión pública un informe en el que se resalta el avance y el fortalecimiento de la Fuerza Pública en el territorio nacional.

El documento, llamado ‘Aporte a la verdad: contexto de la Fuerza Pública para la memoria histórica’, también expone las situaciones que habrían padecido estos uniformados, en el marco del conflicto armado interno colombiano, que habría dejado casi 500 mil víctimas de esta población.

Así entonces, la necesidad de abrir un macrocaso para juzgar e investigar los crímenes contra la Fuerza Pública, se dirige al uso de métodos no convencionales de guerra, muchos de los cuales son juzgados como delitos de guerra por organismo internacionales, mismos que no solo afectaron a los uniformados, sino también a sus familias.

Entra tanto, se estipula que los métodos no convencionales utilizados en la guerra por parte los grupos ilegales son condenados por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como el secuestro de uniformados y civiles, además de la tortura y violencia sexual cometida a esta población en medio del cautiverio.

Es de recordar que este tipo de estrategia de privación de la libertad por parte de los grupos armados organizados tenía el objetivo de obtener recursos económicos para así financiar sus actividades ilícitas; este aspecto forma parte de los argumentos que se presentarían para la apertura del macrocaso a favor de las Fuerzas Armadas.

Adicionalmente, el uso de minas antipersonales y de artefactos explosivos improvisados –los cuales siguen siendo utilizados por grupos armados al margen de la ley– sería parte de una estrategia de estas organizaciones criminales para atentar contra la Fuerza Pública, donde un sinnúmero de civiles también ha sido víctima en medio del conflicto.

Las acciones mencionadas anteriormente conformarían el sumario del presidente Duque para pedir al presidente de la JEP la apertura de dicha investigación, en el marco de las agresiones que generaron cientos de víctimas y violaciones a los derechos humanos, además de ser infracciones del DIH.

De esta manera, además de juzgar sobre estas actuaciones, también se estaría instando a la investigación sobre los medios y métodos utilizados contra la Fuerza Pública y, en adición a esto, también se estaría buscando la anhelada reparación y no repetición de este tipo de vejámenes, en el marco del sistema de justicia transicional.

Por otro lado, recientemente el presidente Duque se refirió a la posibilidad de que alias Otoniel termine en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “En mi opinión, no, pero es una decisión que debe tomar la JEP. Este es un narcotraficante, un violador de niños, un asesino, un señor que ha hecho toda suerte de crímenes en lo que tiene que ver con narcotráfico y está solicitado en extradición por un juez federal de los Estados Unidos, país con el cual nosotros tenemos convenios de extradición”, aseguró.

El mandatario también recordó que un lugarteniente de alias Otoniel fue rechazado en la JEP y, por eso, espera que dicho tribunal haga lo mismo con el narcotraficante y no lo haga posar como un actor político.