SEMANA conoció la polémica historia detrás de la investigación que le abrió la Corte Suprema de Justicia al exsenador César Augusto Pachón, del Partido Mais, porque habría nombrado a una persona de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), supuestamente, para pagar una deuda que le habría dejado un contrato para instalar el alumbrado navideño del famoso Puente de Boyacá.
El caso se remonta al año 2017, cuando Pachón se contactó con José Isaac Torres, quien lo terminó denunciando ante el alto tribunal, para que prestara su empresa conocida como Dismon S.A.S., con la que se pretendía por medio de un acuerdo con el entonces gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, adjudicar un contrato para la iluminación navideña del Puente de Boyacá.
Dicho arreglo consistía en elaborar las figuras eléctricas del alumbrado de parte de Torres, el pago por su labor y el pago del impuesto de valor agregado y la retención de la Dian de parte de Pachón, pero ese último punto no se cumplió, según la denuncia que llegó a la Corte Suprema de Justicia.
El documento conocido por SEMANA dice que “el denunciante señaló que César Augusto Pachón Achury le ofreció vincularlo a la unidad de trabajo legislativo que conformó en la Cámara de Representantes, con el propósito de suplir la referida deuda a partir de los recursos que obtendría por esa designación; ofrecimiento aceptado y en virtud del cual inicialmente fue nombrado en un cargo asistencial”.
Pero lo más grave de todo es que los dineros que empezó a recibir José Isaac Torres como empleado del Congreso sin que, al parecer, fuera a trabajar, el excongresista Pachón le ordenó que se los entregara a otras personas para cubrir gastos personales.
Torres reveló en la Corte Suprema que solo fue cinco veces al Congreso tras haberse posesionado y nunca cumplió ninguna función de la UTL, no cumplió horario y mucho menos asesoró a Pachón, sino que realmente iba a “acatar los mandatos de César, es decir, llevarles el dinero a diversas personas, dado que para esa época estaba desarrollando labores”.
Para colmo de males, el denunciante terminó recibiendo una orden supuestamente del excongresista para que solicitara un crédito al Banco Bilbao de Colombia S.A., por un monto de 80 millones de pesos. Dinero que, después de su desvinculación al Congreso, le tocó seguir pagando.
Por esa razón, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia terminó abriéndole una investigación al exrepresentante por los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación y concusión.
Pachón también tuvo su lío judicial el año pasado con el Consejo de Estado, cuando la Sección Quinta declaró nula su elección como senador de la República para el periodo 2022-2026, después que se evidenció que incurrió en doble militancia tras apoyar a Pedro Suárez Vaca a la Cámara de Representantes de Boyacá, a pesar de que la colectividad a la que pertenecía tenía como aspirante a José Giovany Pinzón.
El fallo de la alta corte indicó: “El demandado brindó apoyo al señor Pedro José Suárez Vacca a la Cámara de Representes para Boyacá, a pesar de que para tales comicios la colectividad a la que pertenece el señor Pachón Achury tenía aspirante propio, el señor José Giovany Pinzón Báez, a la Cámara antes señalada”.