La Defensoría del Pueblo adelantó una visita a Haití para verificar las condiciones de los 80 colombianos que viven en la isla y de los 19 exmilitares capturados por su presunta responsabilidad en el magnicidio de Jovenel Moïse.
SEMANA conoció en primicia el informe completo que presentó la comisión al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien concluyó, después de recibir el documento, que es necesario el apoyo jurídico a los colombianos presos, así como la atención médica permanente: “Es urgente la asistencia jurídica y la defensa técnica de los 18 colombianos detenidos en Haití, para garantizar el respeto de sus derechos fundamentales y principalmente al debido proceso y al derecho de defensa que, hasta este momento, les están siendo desconocidos”, señaló.
Luis Andrés Fajardo, vicedefensor del Pueblo; Rodrigo Isaza Bordamalo, responsable Grupo de Colombianos en el Exterior; Migración; la Oficina de Asuntos Internacionales, y Eduardo Alonso Flórez Aristizábal, coordinador académico del área de Derecho Penal, de la Dirección Nacional de Defensoría Pública, fueron los tres representantes de la entidad que visitaron la isla el 28 de julio, pero que salieron de Colombia el 26 y regresaron el 31.
La comisión presidida por el vicedefensor empezó con el desplazamiento de los funcionarios a República Dominicana, en donde fue recibida por el embajador de Colombia para conducirla a la embajada.
Allí, los funcionarios se reunieron con la misión diplomática enviada a Haití por la Cancillería y, aunque el viaje a la isla estaba programado para el martes 27 de julio, el Gobierno de ese país tardó en dar la autorización a la comisión, por lo que el viaje se retrasó.
A pesar de la no respuesta del Gobierno haitiano, por tratarse de una misión humanitaria y en el marco de la asistencia consular, la Defensoría decidió que se adelantaría la visita a Haití, aunque no se hubiese recibido una respuesta oficial. No obstante, a falta de vuelos, el viaje finalmente se realizó el 28 de julio.
En cuanto la misión llegó a Puerto Príncipe, la misión se dividió y los tres funcionarios de la Defensoría se reunieron con Renan Hédouville, Protector del Ciudadano de la Oficina de Protección al Ciudadano de Haití. En el encuentro se tocaron temas como la necesidad de evitar la estigmatización de colombianos y latinoamericanos, las condiciones de los connacionales privados de la libertad en la capital haitiana, las fórmulas de asistencia técnica jurídica para ellos, la posibilidad de contar con el apoyo de la oficina en la garantía de los derechos procesales de los privados de la libertad, entre otros.
Si bien Hédouville señaló que en la etapa del proceso actual no existe ningún tipo de control judicial, adicional al de la investigación de la Policía Nacional de Haití, explicó que al final será presentada la información obtenida ante el Tribunal, que determinará la legalidad del proceso, para la realización del juicio posterior.
Asimismo, el funcionario de Haití se comprometió a conformar una comisión para que visite y establezca las condiciones de detención de los colombianos vinculados al proceso.
Posteriormente, la delegación se reunió con los colombianos que viven en Haití y que no tienen que ver con el proceso, quienes manifestaron, en su mayoría, preocupación por su integridad, estigmatización y falta de confianza en la justicia de la isla, por los niveles de corrupción altos que ellos mismos han evidenciado.
Por otra parte, la comisión se reunió con Vicky Chaney, abogada haitiana que manifestó preocupación frente a las posibles irregularidades que podrían estar ocurriendo en el proceso de los colombianos. De hecho, reiteró que el proceso sí debe ser objeto de control judicial por parte de un juez o un procurador.
La visita a los exmilitares privados de la libertad
El jueves 29 de julio, la delegación se reunió con Cristóbal Dopuy, representante especial de la Organización de Estados Americanos en Haití, en donde el vicedefensor le solicitó apoyo para lograr autorización de las autoridades haitianas para que permitieran la visita de los funcionarios colombianos a los capturados.
Después de algunas llamadas, la Defensoría del Pueblo pudo lograr la autorización para visitar a los ciudadanos y llevarles una carta redactada por ellos a sus familiares.
A las 2 de la tarde, la delegación de la entidad se reunió, por cerca de 4 horas, con los 18 colombianos detenidos, en nueve grupos de dos personas cada uno.
“Se nos advirtió que en la visita no podríamos hacer preguntas sobre los hechos del caso, sino referirnos únicamente a aspectos humanitarios y permitir que escribieran una carta a sus familiares”, señala el documento conocido por este medio.
De acuerdo con el informe presentado por la delegación, los colombianos tenían aspecto triste, cansancio, presentan pérdida de peso, uno de ellos cojeaba, tenían las muñecas enrojecidas y con arañazos causados por el roce del metal con su piel.
Uno de los detenidos, al parecer, tiene un dedo fracturado y otro de ellos no puede apotar el pie, así como otro de los hombres lo tiene vendado.
“Logramos verificar, con el testimonio de cada uno de ellos, la precaria situación en la que se encuentran recluidos, y la ausencia total de garantías procesales en los trámites judiciales de los que son objeto”, dice el informe, que resalta algunos de los hallazgos más significativos de la visita:
1. Desde que fueron detenidos no les han permitido hablar con un abogado.
2. Se encuentran completamente aislados.
3. No les han permitido hablar con sus familiares.
4. No han sido presentado frente a ninguna autoridad judicial.
5. Desde su captura han sido retenidos en una estación de la policía.
6. Han sido interrogados en múltiples oportunidades por las autoridades de la policía haitiana y por autoridades de Estados Unidos (FBI).
7. Ninguno de estos interrogatorios ha sido desarrollado con la asistencia de un abogado que ejerza la defensa técnica.
8. Desde que fueron capturados, los detenidos han estado esposados las 24 horas del día, algunos de ellos usas esposas individuales y otros estás esposados en parejas.
9. Tres de ellos, presentan lesiones de consideración que, por su apariencia, la delegación considera que deberían estar siendo tratadas en un establecimiento médico especializado.
10. Uno de los detenidos fue llevado con ayuda para movilizarse a la sala donde se hicieron las entrevistas y fue necesario hacer su entrevista en el piso porque no pudo seguir caminando.
11. Los 18 detenidos se encuentran recluidos en un mismo espacio, un corredor con un baño contiguo, que tiene unas medidas aproximadas de 6 metros de largo por 2 metros de ancho.
12. Aseguran que la asistencia médica se les prestó al inicio y después de eso solo han seguido atendiendo los casos más graves. Señalan que se terminaron los antibióticos que les habían recetado a algunos, y varios de ellos tienen puntos de sutura en la cabeza, que se los pusieron cuando llegaron pero no se los han retirado luego de 20 días.
13. Duermen en el piso.
14. En el lugar donde permanecen recluidos no entra luz del sol, ni han tenido acceso a luz solar durante la detención.
15. Les ofrecen dos comidas en el día.
16. El agua para tomar es racionada, les entregan un recipiente de 20 litros de agua diarios para los 18 detenidos colombianos y 2 Haitianos.
17. No cuentan con una batería sanitaria adecuada, tienen una letrina para hacer sus necesidades, ubicada en un cuarto contiguo al sitio donde duermen, que había estado dañada por dos días.
Después de la visita, la delegación se reunión con un abogado penalista que le explicó a detalle cómo funciona el régimen haitiano.
El viernes 30 de julio, la visita finalizó con una reunión con la delegación de la Cancillería para determinar los pasos a seguir y la evaluación de las tareas realizadas.
El informe conocido por este medio concluye con una serie de recomendaciones, en las que se incluye el agradecimiento a la OEA por su intermediación en la gestión de la visita a los detenidos; solicitar acompañamiento a los detenidos; control inmediato de la detención y del proceso por parte de la autoridad judicial haitiana y pensar en la posibilidad de permitir una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos para que se adelante el juicio en ese país de los haitianos, por tener un sistema más garantista.