Por los delitos de fraude procesal y contrato sin cumplimiento de requisitos legales deberán responder en juicio el exgerente de TransMilenio Jairo Fernando Páez Mendieta y la exrepresentante legal de Recaudo Bogotá, Nohora Patricia Acero, por las presuntas irregularidades que rodearon la celebración del millonario contrato en febrero de 2011, que tenía como objetivo la recolección del dinero para el sistema masivo de transporte en la capital de la República.
SEMANA conoció que la Fiscalía General ya radicó el escrito de acusación, el cual, por reparto, le fue asignado al juzgado séptimo penal de conocimiento de Bogotá. El contrato, firmado durante la administración de Samuel Moreno Rojas, habría presentado varias irregularidades -según sostiene el ente investigador-, violando así los principios de transparencia que exige la ley frente a los procesos de contratación pública.
Para el ente investigador, tanto Páez como Acero obviaron los controles y vigilancia del proceso de licitación, dándole el visto bueno a una empresa conformada por los empresarios Carlos Mario y Javier Francisco Ríos Velilla, tíos del entonces concejal de Bogotá Felipe Ríos. En este sentido, se señala que de haber adelantando una revisión habrían evidenciado el conflicto de intereses que existía en este caso.
Por su vínculo familiar en primer grado, los Ríos no podían contratar con el Distrito. Sin embargo, estos hechos no fueron tenidos en cuenta cuando se les permitió su participación libre en la licitación.
Aunque esta es la versión de la Fiscalía, muy diferente es lo que plantea el entonces concejal Felipe Ríos, quien con documentos presentados en el proceso, conocidos por SEMANA, ha advertido que desde el primero de enero de 2008, día de su posesión, radicó una carta en el Concejo Distrital en la que advirtió sobre los familiares que podrían generar impedimentos y la decisión de declararse impedido cuando fuera necesario.
Incluso ha advertido el exconcejal Felipe Ríos que mientras estuvo en ese cargo, envió a las 95 entidades del distrito cartas en las que les advertía que, de acuerdo con la norma, había 46 familiares que por su cercanía no podían tener contrato alguno mientras el fuera cabildante de la ciudad. Con este argumento señala que mientras fue concejal de Bogotá actuó de forma transparente y no tiene por qué responder judicialmente por actuaciones de terceros.
Sin embargo, a juicio de la Fiscalía, como prueba, se encuentra el documento formado por la propia Nohora Patricia Acero, en el que advierte que la empresa interesada no contaba con una inhabilidad, esto pese a que la conformación de la empresa rezaba así: Recaudo Bogotá estaba conformada por City Móvil Colombia S.A.S; Land Developer Inc y LG CNS Co Ltda. En estas aparecían los nombre de los empresarios mencionados y reconocidos.
En el caso del entonces gerente de TransMilenio, se le reclama que no se tomó el trabajo para identificar plenamente a los integrantes de Recaudo Bogotá, incurriendo así en una omisión de sus funciones en materia contractual. En la audiencia de imputación celebrada el pasado 25 de octubre, tanto Páez como Acero se declararon inocentes de los hechos investigados.
Ya la Fiscalía General vinculó a los empresarios Carlos Mario y Javier Francisco Ríos Velilla, y al exconcejal Felipe Ríos, por el delito de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades para contratar, e interés indebido en la celebración de contratos.
Pese a que para ese momento Felipe Ríos Velilla era concejal de Bogotá, la Fiscalía General sostuvo que no presentó ningún impedimento cuando se enteró que la empresa de sus tíos estaba participando en la licitación.
La Fiscal del caso señaló que el cabildante, contrario a sus argumentos, guardó silencio y no dijo nada cuando la empresa ganó el tan anhelado contrato que tenía una vigencia de 20 años. “Era su deber legal de acuerdo con la ley, que cuando sobrevenga al acto de nombramiento oposición alguna inhabilitada o incompatibilidad del servidor público debe advertirlo inmediatamente a la entidad”, advirtió la Fiscal.
Para sustentar su dicho, la fiscal del caso citó las actas del Concejo de Bogotá, resaltando que en ningún momento el Concejal manifestó “ningún tipo de interés (...) respecto del sistema de transporte y mucho menos advirtió alguna inhabilidad o incompatibilidad para el transporte masivo de Bogotá”.
En un segundo momento, la Fiscalía explicó de qué forma los empresarios Carlos Mario y Javier Francisco Ríos Velilla incurrieron en el mismo delito que fue imputado a su sobrino: violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Para la fiscal Monsalve, los empresarios sabían que su sobrino estaba en el Concejo de Bogotá y a través de otras empresas lograron participar de la millonaria contratación del sistema de recaudo en TransMilenio.
“Ustedes conocían que con su accionar estaban afectando el bien jurídico del Administración Pública, toda vez que sí sabían que se encontraban en el régimen de incompatibilidades, ustedes lesionaron el bien jurídico sin justa causa al momento de que firmaron el contrato, tenían conciencia que intervenir en el trámite de aceptación del contrato les es exigible respetar las leyes del régimen legal de inhabilidades incompatibilidades”, señaló la fiscal Angélica Monsalve.