Un no rotundo le dio la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al exsenador Iván Moreno Rojas, quien insistía en que la condena de 14 años emitida en su contra en el año 2014 por el ‘carrusel de la contratación’ le había vulnerado todos sus derechos procesales.

Moreno Rojas había presentado una acción de nulidad al considerar que no se le habían valorado todas las pruebas presentadas por su defensa y mucho menos contradecir los argumentos de los testigos que lo acusaron de recibir comisiones a cambio de la entrega de contratos de infraestructura en la capital.

En esta estratagema de corrupción, el entonces senador aprovechó el hecho que su hermano Samuel era el Alcalde Mayor de Bogotá y tenía, casi siempre, la última palabra sobre la entrega y cesión de los más importantes contratos viales en la capital de la República.

Por estos hechos de corrupción, Iván Moreno fue condenado en 2014 a 14 años de prisión. Con el fallo bajo el brazo de la Corte Constitucional que permitía una “segunda instancia” para los aforados sentenciados el exsenador tocó nuevamente las puertas de la Suprema con el fin que se anulara todo lo actuado en su casa.

Tras varias negativas por parte de la Corte para revisar su proceso penal por considerar que no se habían presentado nuevos elementos materiales probatorios de fondo, Moreno Rojas buscó errores de forma para anular su sentencia, fórmula que tampoco le dio resultado.

En un fallo de 41 páginas conocido por SEMANA, la Sala Penal asegura que no existió ninguna irregularidad en el nombramiento de un conjuez para que resolviera el recurso presentado por la defensa del excongresista del Polo Democrático ni en revisar el caso con la categoría de aforado.

“(…) de esa interpretación normativa no se deriva la tergiversación del derecho a elegir y ser elegido, como aduce el defensor, pues la Sala de Instrucción no cuestiona la posibilidad de ejercer control político o de presentarse como candidato a las diversas corporaciones públicas ni desconoce que cualquier ciudadano ejerza estos derechos”, precisa la decisión.

En este sentido se advierte que la evidencia reseña que los hechos de corrupción por los que fue acusado y posteriormente condenado tienen una relación directa con sus funciones en el Congreso puesto que utilizó su cargo y posición social para ejercer presiones ante funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para la entrega de los contratos de infraestructura vial.

De esta forma, la Sala declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el exsenador Iván Moreno Rojas.

Moreno Rojas, pieza clave en el carrusel

El excongresista fue sentenciado por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito de particulares.

En el fallo se concluyó que tras elegidos Samuel y Néstor Iván Moreno Rojas se reunieron los contratistas Manuel Sánchez Castro, Emilio Tapia, Julio Gómez y Álvaro Dávila, así como un grupo de concejales, congresistas y particulares para fijar el apoyo político y económico a la campaña de Samuel Moreno Rojas a la Alcaldía de Bogotá para el período 2008-2012.

Este apoyo tenía como contraprestación la “designación de personas de su confianza en las distintas entidades distritales, a fin de incrementar sus patrimonios económicos injustificadamente, con la manipulación de la contratación en beneficio de todo el grupo, a cambio de pago de omisiones de dinero provenientes de los contratistas”.

En el año 2009, los hermanos Moreno Rojas ya controlaban toda la contratación del IDU junto a los entonces directores del instituto, Liliana Pardo Gaona y Luis Eduardo Montenegro, así como el Contralor y Personero Distrital. Para esa época se empezaron a formaron los primeros compromisos para las comisiones el 8 % para la entrega de ocho contratos de valorización: Puente de la calle 63, Autopista Sur, calle 134, calle 153 y varios Peatonales.

Para garantizar su entrega de amañaron los procesos contractuales, entre ellos el trámite, evaluación y selección de las propuestas. “Junto con su hermano Samuel, participa como determinador, a través de Emilio Tapia Aldana, en el convenio que habrían llegado (con) el representante legal de Conalvías, Andrés Jaramillo, con el mismo grupo integrado por funcionarios del IDU encabezados por Lilian Pardo, el Contralor y el Personero Distrital, concejales de la ciudad y particulares, entre otros, de aceptar los últimos del primero, la promesa de pago de 30.000 millones de pesos como comisión, si el IDU autorizaba la cesión del contrato No. 137 de 2007, que finalmente hizo la UT Transvial a Conalvías, el 17 de febrero de 2010″.

Posteriormente se continuó con la entrega a dedo de millonarios contratos por parte del IDU al “grupo criminal” que se había conformado para manejar todo el tema de la contratación. En abril de 2010, el mismo Emilio Tapia recibió tres adiciones del contrato por 25 mil millones de pesos, vulnerando así cualquier principio de contratación pública.