SEMANA pudo establecer que la Jurisdicción Especial para la Paz acaba de negar una solicitud de pruebas en el caso de secuestro, petición que había hecho la defensa de los familiares de los diputados del Valle, para que se le practicara necropsia a los cuerpos, pero además negó que se vaya a revivir el computador de Raúl Reyes.

En uno de los correos que se incautaron en dicho computador, por ejemplo, firmado por una persona denominada como J.E y dirigido a los “camaradas del secretariado”, retrata las condiciones en las que fueron ultimados los diputados. “Ahora se requiere la entrega de los despojos mortales de los diputados para conocer qué nuevos elementos surgen para elaborar un comunicado desenmascarando las maniobras realizadas por el Gobierno (de Uribe) para rescatar los prisioneros por la vía militar y al mismo tiempo negarse al intercambio humanitario con cualquier pretexto”, se lee en uno de tantos mensajes escritos.

En uno de los apartes del documento de 28 páginas, se lee que la “Sala de Reconocimiento ya determinó que la muerte de los señores diputados Rufino Varela, Carlos Barragán, Jairo Javier Hoyos Salcedo, Alberto Quintero Herrera, Juan Carlos Narváez, Edinson Pérez, Nacianceno Orozco, Carlos Charry, Francisco Giraldo, Ramiro Echeverry y Héctor Arismendi se produjo como resultado de una orden dada por el Secretariado de las Farc que se resalta es una orden criminal de asesinar a los civiles privados de la libertad en caso de rescate militar. Está orden fue implementada en el caso de las víctimas mencionadas y la Sala lo calificó como crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

La JEP explica que debido a que el escrito, es decir la solicitud, presentado al momento no estaba a disposición del apoderado al momento de hacer su solicitud y hace referencia a los aspectos que pretende subrayar, “se niega la prueba solicitada”.

La defensa de las familias considera que hay falta de compromiso por parte de los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad y de guerra perpetrados por las Farc. Aunque Timochenko públicamente asumió la responsabilidad por la imputación efectuada por la JEP, de manera extraña pidió en su momento un plazo de 30 días para presentar observaciones al caso.

Igualmente, las familias argumentan que quienes han cometido delitos de lesa humanidad y aceptaron su responsabilidad no pueden seguir ejerciendo como congresistas, pues lo establecido en el acuerdo es que deben cumplir la sanción o pena impuesta, con todas las implicaciones que ello conlleva. Sin embargo, esas medidas cautelares también fueron negadas esta semana.

En desarrollo.