Con la captura del jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno Rivera, el 27 de junio de 2017 se abrió uno de los capítulos más extensos en cuanto a corrupción en la Rama Judicial de Colombia se refiere.
Moreno, quien para ese momento era un reconocido abogado y había sido designado para luchar contra la corrupción en la administración de Néstor Humberto Martínez, fue señalado de exigir millonarias comisiones para archivar procesos, desviar investigaciones o cancelar órdenes de captura.
El Fiscal Anticorrupción le había pedido un millón de dólares al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus con el fin de suspender las investigaciones que se le adelantaban por el desfalco a los recursos de la salud en el departamento. La petición de dinero y recibimiento del mismo fueron grabados por agentes de la DEA en que le seguían muy de cerca los pasos.
Poco tiempo después se conoció que esta era una práctica de vieja data en la oficina de Moreno Rivera, la misma que compartía con el exmagistrado Francisco Javier Ricarte y Leonardo Pinilla, conocido en los pasillos de los juzgados como ‘Porcino’. El joven abogado, quien provenía de una familia humilde, había escalado en poco tiempo hasta llegar a la cúpula de la Fiscalía General.
Moreno reconoció su participación en este grave caso de corrupción, pidiendo su extradición exprés y manifestando de paso su intención de colaborar con las autoridades judiciales de Colombia y Estados Unidos. No pasó mucho para que empezara a revelar varios nombres, entre ellos algunos magistrados activos de la Corte Suprema de Justicia y otros que habían pasado por ese alto tribunal y que ahora se dedicaban a litigar en los estrados.
Su colaboración le permitió firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía General y un preacuerdo en el que aceptaba su responsabilidad en los delitos de concusión (ejercer presiones) y utilización indebida de información privilegiada. Por esto, fue sentenciado el 7 de marzo de 2018 a cuatro años y 10 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia.
Moreno, quien actualmente se encuentra privado en una guarnición militar por motivos de seguridad, pidió su libertad por pena cumplida el pasado 3 de marzo. Sin embargo, en una decisión bastante atípica por su rapidez de respuesta, SEMANA conoció en primicia que solo cinco días después, es decir, el 8 de marzo, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas le negó la solicitud de libertad.
Por medio de su abogado, Pedro Enrique Aguilar, el exfiscal anticorrupción apeló la decisión asegurando que ya cumplió con toda la pena impuesta por la Corte Suprema de Justicia, pagó su multa, reparó a las víctimas y sigue vigente su compromiso de verdad pese a las amenazas que ha recibido por sus testimonios.
Recordando que su colaboración fue clave en la condena de 19 años de prisión contra el exmagistrado Francisco José Ricaurte, quien movía sus influencias dentro del alto tribunal para que se archivaran, desviaran y suspendieran procesos contra aforados constitucionales, todo esto a cambio de una comisión.
Igualmente, declaró en el juicio del exmagistrado de la Sala Penal, Gustavo Malo Fernández, quien fue sentenciado en 2021 a nueve años y diez meses de prisión por cancelar órdenes de captura y entorpecer procesos de aforados.
La declaración de Moreno también ha sido tenida en cuenta para emitir medidas de aseguramiento contra los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Ashton, quienes habrían pagado millonarias comisiones para que se cancelaran las órdenes de captura que se iban a emitir en su contra por casos de ‘parapolítica’.