SEMANA conoció que el juzgado 21 de ejecución de penas de Bogotá rechazó la petición de detención domiciliaria presentada por la defensa del exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal, más conocido con el apodo del Ñoño Elías. En la determinación, el despacho consideró que no cumplía con los requisitos que exige la ley.

El excongresista del Partido de la U había radicado la petición el pasado 4 de mayo, argumentando su colaboración con las autoridades judiciales para esclarecer el escándalo de Odebrecht y vincular a otros dirigentes políticos, empresarios, funcionarios y particulares que habrían recibido sobornos para beneficiar las pretensiones de la multinacional brasileña.

Tras esta negativa, la defensa de Elías presentó el recurso de reposición. En los documentos se indica que en el tiempo en el que ha estado privado de su libertad ha cumplido con su compromiso de presentarse ante los llamados de las autoridades judiciales para declarar en los procesos penales, disciplinarios y fiscales, además, ha demostrado un buen comportamiento.

Elías fue capturado en agosto de 2017 por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pese a que en ese momento se declaró inocente pocos meses después, en un hecho sin precedentes en la historia judicial del país, reconoció su responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias y cohecho (entrega de sobornos) en la carta que envió desde la cárcel La Picota, en la que pedía una sentencia anticipada.

De esta forma, en marzo de 2018 fue condenado a seis años y ocho meses de prisión. El exsenador, quien en 2014 fue uno de los candidatos con más votación al Congreso, manifestó su intención de seguir colaborando con las autoridades judiciales para esclarecer este hecho de corrupción.

En agosto de 2021, cuando ya había prendido el ventilador y vinculando a otras personas que tenían relación con los sobornos enviados por Odebrecht para beneficiarse con contratos viales en el país, Elías recibió su segunda sentencia: ocho años y cuatro meses de prisión.

En esta oportunidad, fue sentenciado por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos, los cuales también había reconocido. La Corte le impuso una multa de 13.600 millones de pesos.

Haciendo parte de la Comisión Tercera del Senado ―encargada de debatir los asuntos relacionados con los proyectos de presupuesto de rentas y gastos de la Nación― el Ñoño Elías movió todas sus influencias con la única finalidad que se avalaran las pretensiones de Odebrecht para seguir siendo beneficiada con millonarios contratos.

Después de la entrega de 2009 del proyecto de la Ruta del Sol II, la multinacional brasileña buscaba que se le otorgara la adición de una importante obra. Sin embargo, para no adelantar una licitación pública se presentó la figura del otrosí, es decir, que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) debía darle el visto bueno.

Ahí apareció Elías, quien, tras recibir cuatro mil millones que hacían parte del soborno de la multinacional, contactó a las personas encargadas de la celebración del mencionado contrato: “(…) tras haber obtenido los resultados de su primera gestión a favor de Odebrecht relativa a la firma del contrato de estabilidad jurídica, el exenador Elías Vidal prosiguió en la ejecución común de actividades delictivas a favor de la organización”.

Para evitar llamar la atención se utilizaron a empresas con sede en Panamá para la transferencia y triangulación del dinero. Elías contactó al exsenador Otto Nicolás Bula y al empresario Federico Gaviria, con el fin de facilitar la entrega del contrato de manera directa a Odebrecht para la construcción del corredor vial Ocaña-Gamarra.

En la actualidad, Elías se encuentra privado de su libertad en una guarnición militar. En su aceptación de cargos, el excongresista pidió excusas por sus actos y reconoció que defraudó a sus seres queridos: “No que queda mucho por decir, sino pedirle inmenso perdón al país por esta actuación que manchó para siempre mi nombre y el de mi familia. Si estoy arrepentido de todo esto que se hizo. Estoy pagando, me estoy poniendo al día con la sociedad por haberle fallado a mi país. Me queda decir que no volveré a cometer estos actos”.

Por estos hechos de corrupción, el Consejo de Estado le decretó la muerte política, es decir, no podrá volver a aspirar a un cargo de elección popular en toda su vida.