SEMANA conoció, en primicia, un documento de 27 páginas que radicaron las familias de los diputados del Valle, ante la JEP, para que se imponga la máxima pena posible al exsecretariado Farc por su responsabilidad en el caso 01, relacionado con secuestro.
Según varios de los familiares, relata el documento, “es evidente que los integrantes del entonces secretariado de las Farc a la fecha solo han aceptación su responsabilidad en el Caso 01, en el secuestro y masacre de los diputados del Valle de Cauca, el cual las víctimas aceptan y reconocen”.
En la solicitud conocida por SEMANA, los familiares, a través de la Fundación Defensa de Inocentes, toman punto por punto del reconocimiento de las Farc y desmienten temas tan importantes como la forma en la que los alimentaban, los tratos y las conductas que ocurrieron en la selva, con las cadenas en las manos y en los pies, lejos de la libertad.
Consideran que el exsecretariado de las Farc miente en muchos relatos sobre lo que realmente ocurrió en los casos de secuestro. En medio de la indignación, piden a la justicia transicional imponer la máxima pena (que sería de ocho años de prisión).
Para las familias, representadas por el abogado Juan Camilo Sanclemente, los comparecientes han dejado a un lado el reconocimiento de verdad que debe ser detallado y exhaustivo, pues hay preguntas y demandas de verdad que a la fecha no han sido resueltas por parte de estos, a pesar de que se han planteado desde varios años atrás, cuando se efectuó el primer traslado de versiones voluntarias a las víctimas.
Y agregan que el sentir de las víctimas (quienes son el eje central del proceso de paz y de la JEP) es muy distante a lo indicado por la Sala (...), por lo que se hace necesario que la JEP exija a los comparecientes a otorgar esa verdad plena respondiendo de manera detallada y exhaustiva a las demandas de verdad que las víctimas han formulado”.
Los familiares de los diputados cuentan cómo, en el documento en el que las Farc reconocen su responsabilidad, señalan que los diputados tenían un “recepcionista” y, además, que el desayuno consistía en “arepa con sardinas, chocolate o leche, huevos revueltos, pan o cancharina (especie de arepa a base de harina de maíz molido, agua y huevos). Las Farc cuentan que les daban mazamorra, gaseosa, carne y jamoneta.
“Lo señalado anteriormente es falso, el desayuno fue invariablemente sopa de pasta con sal, una arepa de maíz y un café, nunca comieron huevos, ni chocolate y carne; el almuerzo era fríjoles con arroz o lentejas con arroz, y en la tarde espaguetis con arroz; eventualmente les daban sardinas, pero era una lata para cada grupo de seis o cuatro secuestrados, y les tocaba de a cucharada para cada uno”.
“En cuanto a que bebieron gaseosa, leche y comían jamoneta, es totalmente falso, nunca hubo ese tipo de alimentación. Estas falsas versiones, pretenden decir que atendieron a los diputados en un hotel cinco estrellas, cuando en realidad los tuvieron sometidos, les quitaron su libertad, los maltrataron, y las condiciones de supervivencia en que los tuvieron siempre fueron precarias, infrahumanas, e indignas de un ser humano; tan poco respeto tuvieron por su vida y su dignidad que los asesinaron en condiciones de indefensión”, se lee en la solicitud a la JEP por parte de los familiares.
Los familiares de los diputados precisan también que Sigifredo Lopez estaba castigado y aislado al momento de la masacre de los diputados, no por una discusión con uno de sus compañeros como lo señala las Farc, sino por una discusión con un guardia al que llamaban alias Adán, que era el custodio de Ramiro Echeverry, quien le faltó al respeto. Cuentan que, cuando Sigifredo le exigió respeto, le puso la queja al oficial alias Pocillo, quien llegó con cuatro guerrilleros y a empujones lo llevaron a una caleta que le llamaban reclusorio o calabozo y allá lo tenían castigado cuando ocurrió la masacre.