La Procuraduría General de la Nación encontró responsable disciplinariamente y sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por ocho años a la exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruiz, por presuntas irregularidades en un contrato del programa de Buen Comienzo, el mismo que la tuvo privada de la libertad.
Se conoció que las supuestas inconsistencias habrían tenido lugar cuando le entregó un proyecto a la Corporación Colombia Avanza en 2022 para la atención integral a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes en la modalidad de entorno familiar. El valor total de ese contrato fue de 20.692 millones de pesos.
La Procuraduría determinó que no se tuvo en cuenta el principio de transparencia y el deber de selección objetiva en el proceso de contratación, pues se contrató de forma directa a la Corporación cuando debía realizarse una licitación pública.
“Se tiene que, al parecer, dentro del mencionado proceso de contratación se inobservaron las normas rectoras del Estatuto General de Contratación Pública, si se toma en cuenta que la modalidad de selección escogida no se ajustaba al objeto y a la necesidad que se pretendía satisfacer con la contratación, las condiciones establecidas desde la etapa precontractual le imponían el deber de iniciar el proceso teniendo en cuenta otra modalidad de selección, la cual en todo caso, debía estar precedida de una convocatoria pública”, se lee en el fallo de primera instancia.
Las pruebas recopiladas pondrían en evidencia que la exfuncionaria, quien presentó su renuncia a la administración cuando un juez ordenó casa por cárcel, habría desconocido los principios básicos de la millonaria iniciativa, tal como lo dijo la Fiscalía General.
El órgano de control disciplinario determinó que Martha Alexandra Agudelo Ruiz habría incurrido en una falta gravísima “consistente en participar en la esta precontractual y/o contractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal a título de culpa gravísima”.
La exfuncionaria también enfrenta un proceso penal, que ya se encuentra en etapa de juicio, por estos mismos hechos. Le fueron imputados los delitos de peculado por apropiación, tentativa de peculado por apropiación, celebración de contratos sin requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos.
De acuerdo con la Fiscalía, al parecer, la funcionaria, como ordenadora del gasto, habría omitido varios requisitos legales propios de la función pública para favorecer a la compañía que acaparó el proyecto Corporación Colombia Avanza. Sin embargo, el dinero no se desembolsó. Junto a ella, otras dos personas están siendo procesadas.