La Procuraduría General de la Nación pidió al despacho del Macrocaso 04 JEP, que investiga la situación territorial ocurrida en Urabá, recibir en diligencias individuales a las mujeres excombatientes del bloque 57 de las extintas Farc-EP, para que puedan rendir declaraciones de manera reservada, libre y espontánea, sobre su condición de víctimas de aborto, planificación forzada, cohabitación forzada, prostitución y esclavitud sexual.

Esta solicitud del Ministerio Público, conocida en primicia por SEMANA, se hizo tras analizar declaraciones recibidas por una excombatiente del mencionado frente y otras mujeres pertenecientes a diferentes estructuras, además de dos exjefes, que dan cuenta de la ocurrencia de prácticas sistemáticas de abortos y planificación forzada dentro de las Farc-EP, como lo ha venido denunciando el Ministerio Público.

En el documento, la Procuraduría explica de manera detallada cómo esa organización se valió del homicidio selectivo y múltiple como estrategia de control social y territorial, lo que resultó en asesinatos contra presuntos informantes, miembros de la comunidad y funcionarios públicos que, según ellos, incurrieron en conductas inmorales o en actos de corrupción.

Así mismo, advirtió que “la responsabilidad en la práctica de secuestros y uso de medios y métodos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como minas antipersona, cilindros bomba y dinamita en ataques y tomas a poblaciones, deben trasladarse a todos los exmiembros de esa estructura guerrillera”.

Entre las observaciones también se evidenció la responsabilidad que esa estructura tendrá que asumir por daños ambientales generados entre 1998 y 2000 por el taponamiento de río Jiguamiandó y otras fuentes hídricas para impedir el paso de otros actores armados hacia la región, que generaron serios daños colaterales a la comunidad al imposibilitar la comunicación fluvial para el ingreso de alimentos, medicinas y comercio.

Finalmente, la Procuraduría encontró entre los datos entregados por los comparecientes, elementos de contexto que ayudarían a esclarecer la verdad en casos de desaparición, desplazamiento y homicidio contra el partido político Unión Patriótica en la región, por lo cual solicitó traslado de las versiones al despacho relator del Macrocaso 06.

JEP prepara macrocaso sobre violencia sexual en el conflicto armado

Cabe recordar que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se alista para abrir un macrocaso sobre los hechos de violencia sexual ejecutados durante el conflicto armado en todas las regiones del país. Teniendo en cuenta las peticiones que han presentado decenas de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, niñas y adolescentes, este organismo tomó la decisión de abrir un nuevo expediente.

En el que sería el macrocaso 11 se investigarán y juzgarán casos de violencia sexual y violencia reproductiva, así como otros crímenes cometidos por prejuicio, odio y discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual diversa en el marco del conflicto armado colombiano. La Sala le ordenó al Grupo de Análisis de Información (Grai) de la JEP que, en un término de 60 días hábiles, “presente un universo provisional de hechos sobre violencia sexual, así como una propuesta de patrones relacionados”.

La magistrada de la Sala de Reconocimiento, Belkis Izquierdo, manifestó que se están adelantando todos “las etapas finales de concentración del macrocaso 08, sobre los graves crímenes cometidos por la fuerza pública en asocio con estructuras paramilitares y otros agentes del Estado; el macrocaso 09, sobre los crímenes cometidos en contra de los pueblos y territorios étnicos, y el macrocaso 11, sobre violencia sexual y otros crímenes motivados por el género”.