El abogado Diego Cadena sigue privado de la libertad. La investigación en su contra por presunta manipulación y soborno a testigos, en el caso que llevaba como uno de los defensores del expresidente Álvaro Uribe, sigue viva. Ahora Cadena tendrá que explicar ante los tribunales señalamientos tan graves como la supuesta entrega de dinero a testigos, como el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, con quien, a juicio de la Fiscalía, habría asumido el compromiso de darle 200 millones, de los cuales, presuntamente, le entregó 48 millones.
En meses pasados, Cadena habló en exclusiva con SEMANA. Desmiente esos millonarios aportes y los denomina “viáticos”. Dice que el monto fue mucho menor y que no hubo nada irregular.
SEMANA tuvo acceso, en primicia, a una comunicación enviada por la Procuraduría al Inpec en la que piden explicar si se libró o no orden de captura contra el abogado. En la comunicación, el ministerio público señala: “Nos dirigimos a usted para solicitarle se informe lo más pronto posible, si se libró o no la orden de captura que ordenó el señor Juez 43 Penal del Circuito librar en contra del ciudadano Diego Cadena, en auto del 1 de diciembre de 2021, y que reitero en auto del 16 de diciembre de 2021, o que se adopten las acciones pertinentes para hacerlo, dado que se le revocó la libertad provisional por vencimiento de términos y se le ordenó dar captura para cumplir la detención domiciliaria que venia gozando con anterioridad”.
Y agrega que lo anterior es “teniendo en cuenta no solo que es necesario dar cumplimiento inmediato y efectivo a tal orden judicial, sino que igualmente debe garantizarse los derechos que le asisten al procesado Cadena Ramírez de cumplir efectivamente tal orden, que se abone el tiempo de detención en su favor y en ejercicio de sus derechos que le asisten en el proceso penal. Además que se tenga en cuenta el interés que ha expresado de que ello ocurra y de su disposición a tal cumplimiento desde el 1 de diciembre de 2021 inclusive”.
Existen varios correos también conocidos por SEMANA en los que se le dice al Inpec que se está dando cumplimiento a la orden de detención desde el 1 de diciembre.
SEMANA le preguntó a Cadena, hace varios días en entrevista, si ofreció o no dinero a testigos y se refirió puntualmente a uno de ellos.
“Sobre Carlos Enrique Vélez, en La Picota, se encontró con Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá. Vélez me dijo que en una visita Pipintá le llevó de ‘gancho ciego’ al senador Iván Cepeda y eso le generó mucha molestia. Argumentaba que ellos habían sido paramilitares y que no tenían afinidad con la guerrilla. Se enfrentaron, casi a golpes. Esa información llega a mí por un preso de La Picota; entonces, visito a Vélez y él me dice que era cierto y que está dispuesto a declarar, pero me pide que le ayude a escribir, porque él lo hacía muy despacio y quedaba muy poco tiempo para que cerraran la cárcel. Eso generó polémica, pero yo estaba transcribiendo lo que él dictaba”, dijo Cadena en la entrevista con este medio.
El pasado mes de noviembre la defensa del abogado logró que un juez de garantías ordenara la libertad de su cliente tras considerar que pasaron más de 220 días sin que iniciara el juicio en su contra por un presunto fraude procesal y soborno en actuación penal, en el mismo caso que tiene en audiencias al expresidente Álvaro Uribe.
La Fiscalía apeló esa decisión y en diciembre se conoció el resultado de esa apelación, cuando otro juez decidió revocar la libertad del abogado y ordenar su detención.
El juez de segunda instancia hizo nuevamente los cálculos respecto de los días que se cumplieron para el inicio del juicio en contra de Diego Cadena, descontó los que fueron atribuidos a la defensa por presuntas maniobras dilatorias y concluyó que aún no se habían vencido los términos, por tanto era necesario revocar la decisión del otro juez que le concedió la libertad a abogado.
La Fiscalía insistió en que los días que transcurrieron debían ser atribuidos a la defensa de Cadena por considerar que fueron ellos los que se demoraron en las solicitudes y aclaraciones del material probatorio que presentó el ente acusador en las audiencias preparatorias al juicio.