SEMANA conoció en primicia la decisión del juzgado 57 civil del circuito de Bogotá que rechazó la insólita demanda que interpuso en mayo pasado Gustavo Petro Urrego en contra del expresidente Andrés Pastrana Arango y su hermano, el periodista, Juan Carlos Pastrana.
En la decisión judicial, el despacho advierte que no tiene competencias para estudiar los hechos demandados por el jefe de Estado en contra de los hermanos Pastrana Arango. Hecho por el cual se dispuso que debe ser un juzgado administrativo el que debe evaluar el caso.
El pasado 31 de julio, según se pudo establecer, se realizó el respectivo reparto en este caso en los juzgados administrativos de Bogotá. En la demanda, Petro ataca al expresidente (1998-2002) por sus “ataques” contra el proyecto de la paz total.
La defensa de los hermanos Pastrana Arango, liderada por el excomisionado de paz, Camilo Gómez, cuestionó el actuar del presidente Petro y aseguró que está ejerciendo un acoso judicial en contra de todos aquellos que opinen diferente a él o que pongan en tela de juicio sus políticas públicas.
Por esto, consideró que el caso no tiene ningún futuro en ninguna instancia o escenario pues se están cuestionando opiniones meramente personales y preocupaciones que han sido puestas de manifiesto en varios escenarios académicos y debates, tanto en medios de comunicación como en redes sociales.
En un primer momento, Gómez –quien tiene una vasta experiencia– aseguró que al ser una demanda de responsabilidad civil extracontractual lo más probable es que se pidiera una reparación de tipo económico, situación que revela un abuso del sistema judicial de parte del primer mandatario.
El pasado 26 de julio, el expresidente Andrés Pastrana Arango le envió una nueva carta el presidente Gustavo Petro pidiéndole que le explique los motivos de la demanda civil. Esto después de que nunca se le respondiera el derecho de petición radicado ante la Presidencia de la República y su Secretaría Jurídica para que le explicara los motivos de esta acción judicial.
“Para usted (en referencia a Petro) no resulta de importancia la defensa de los derechos fundamentales, como el derecho de petición, pero debo recordarle que, como funcionario público, y más siendo la cabeza de la administración, su obligación es dar respuesta a las peticiones que se le presentan”, reseñó Pastrana.
El expresidente le recordó a Petro que la omisión de este tipo de respuestas representa directamente una falta disciplinaria. “Debo manifestarle mi preocupación frente a su conducta sistemática dirigida a violar mis derechos humanos, especialmente la libertad de conciencia, el derecho de omitir opiniones sin ser perseguido y el derecho a hacer oposición como parte del derecho a la libertad del pensamiento y del derecho a ejercer la actividad política”.
El presidente Petro tiene un proceso penal vigente contra Pastrana después de denunciarlo por los delitos de injuria y calumnia. En este expediente, en enero pasado, fueron citados a una conciliación en el búnker de la Fiscalía General, en Bogotá.
Sin embargo, el exmandatario no se retractó de los señalamientos hechos por el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial en 2022.
En la diligencia, según se conoció, la defensa de Petro le pidió una “reparación económica simbólica” de 100 salarios mínimos legales vigentes, aproximadamente 130 millones de pesos, a Pastrana “por perjuicio morales, la cual deberá ser donada a una fundación sin fines de lucro, seleccionada de común acuerdo, que trabaje en pro de las víctimas del conflicto y en la promoción de la paz y la justicia social en Colombia”.
Esto, por considerar que con las publicaciones hechas se habían afectado sus derechos al buen nombre y la honra. “Este acto no solo simboliza la reparación del daño causado, sino que también contribuye a un bien social mayor: la paz”.
En la propuesta de conciliación puesta de presente por Petro se pedía una retractación pública de las afirmaciones que hizo en noviembre de 2023, “específicamente, negando la supuesta alianza de mi gobierno con el narcotráfico, bajo el pretexto de la paz total”.
Además, le pidió al expresidente que se abstenga de realizar cualquier tipo de publicación en las que se le difame o emitan declaraciones que lo vinculen con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Ninguna de estas condiciones fue aceptada por el expresidente Pastrana, que consideró que con estas acciones judiciales lo único que se quiere afectar es el derecho a la libertad de expresión que tienen todos los colombianos. Igualmente, aseguró que se busca afectar a la oposición que ha sido bastante crítica de su gobierno.