Pese al gran escándalo de corrupción que lo involucraba directamente el pasado 7 de marzo el senador Mario Alberto Castaño Pérez logró su reelección en el Congreso. El todopoderoso dirigente político del Eje Cafetero obtuvo la nada despreciable suma de 68.351 votos, lo que le permitió quedarse con una de las 15 curules del Partido Liberal para la legislatura 2022-2026.

Pese a esto, Castaño no pudo posesionarse en la solemne ceremonia del 20 de Julio; una medida de aseguramiento en centro carcelario emitida el 8 de junio por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se le cruzó en su camino. Esta situación motivó una demanda de pérdida de investidura en su contra con la que se buscaba, entre otras cosas, que no pueda aspirar a un cargo de elección popular en toda su vida.

Sin embargo, el primer intento fracasó. SEMANA conoció el fallo del Consejo de Estado que concluyó que la demanda presentada por un ciudadano no cumplía con varios de los requisitos exigidos, hecho por el cual le dio un plazo de diez días para que corrija varios yerros y la presente nuevamente.

El demandante insistía que Castaño había incurrido en una vulneración del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia por “no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueran llamados a posesionarse”.

En este sentido, reclamaba que debido a que estaba en la cárcel La Picota de Bogotá, por orden de la Corte Suprema de Justicia, no pudo estar presente. “(...) razón por la cual, por actos atribuibles a su voluntad, no concurrió el 20 de julio pasado a tomar posesión como senador de la República para el período constitucional 2022-2026″.

En el estudio del caso, la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico determinó que el demandante no cumplió con uno de los requisitos principales: informarle directa y debidamente al accionado, en este caso Mario Castaño, sobre la existencia de este proceso. Para esto se debe realizar la notificación de manera escrita o por medios electrónicos.

“De conformidad con lo requerido por esta norma, se observa que el solicitante no manifiesta ni acredita haber remitido la demanda y sus anexos al denunciado, no obstante que aporta su dirección de correo electrónico para efectos de notificación, por lo que deberá corregirse la demanda”, aclara.

Castaño, investigado por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado, estafa y concusión, manifestó recientemente su interés en aceptar cargos y someterse a una sentencia anticipada.

Según el expediente revelado en exclusiva por SEMANA, Castaño lideraría una organización encargada de obtener de manera irregular millonarios contratos en diferentes ministerios y entidades. Para esto, negociaba comisiones con gobernadores, alcaldes, contratistas y particulares para la división de los contratos.

Igualmente, la organización criminal habría buscado personas desempleadas para ofrecerles contratos de prestación de servicios en diversas entidades, entre estas el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), Sena, Contraloría, Procuraduría, entre muchas otras.

Nova Lorena Cañón, la lobista de la organización y la persona de más confianza de Castaño, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía General con el que se comprometió a entregar más información sobre las acciones que realizó esta red de corrupción.

La mujer, quien se encuentra en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, ya entregó una lista de nombres y citó otros contratos obtenidos de manera irregular. Con esto, la Fiscalía General prepara varias órdenes de captura.