El comando de Policía del Magdalena le confirmó en primicia a SEMANA que el pasado miércoles, 26 de octubre, se llevó a cabo el primer desalojo de tierras invadidas en el municipio de Zona Bananera.

Se trata de 35 hectáreas ubicadas en Tucurinca, el último corregimiento de Zona Bananera que colinda con el municipio de Aracataca. De esa cifra, al menos cinco u ocho hectáreas fueron ocupadas ilegalmente.

Ante esta situación el propietario del terreno, Juan Fernando Gaviria, conversó con SEMANA y aseguró que el desalojo se realizó de manera pacífica. Indicó que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) no tuvo que intervenir. “Fue un desalojo rápido, paso a paso siguiendo la ley, todo en orden”, agregó.

El desalojo tuvo una duración aproximada de 12 horas; inició a las 7:00 a. m. y culminó sobre las 6:00 p. m. Más de 200 personas fueron retiradas del predio, según informan las autoridades.

Los invasores aún no están plenamente identificados, pero se presume que pueden ser campesinos residentes del sector, migrantes venezolanos o habitantes en extrema pobreza.

Durante la intervención participaron las entidades e instituciones pertinentes como Personería, Comisaria de Familia, psicólogos, Inspección de policía, Secretaría de Gobierno, Cuerpo de Bomberos, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otros.

Por el momento se espera que las autoridades entreguen un balance oficial de esta situación que pone en alertar a la comunidad.

Ocupación ilegal de tierras

Mientras el Gobierno nacional habla de democratización de la tierra y alista una reforma agraria que aún sigue en el papel, en diferentes regiones del país ha estallado una confrontación civil sin precedentes por la invasión de predios privados. Los casos más críticos están en Cauca, Antioquia, Huila, Cesar, Risaralda y Atlántico.

Las invasiones han estado marcadas por violentos enfrentamientos entre indígenas y campesinos que defienden con títulos en mano, lo que, según dicen, les pertenece por ley. Asimismo, se está presentando un conflicto entre los invasores y los trabajadores de los cultivos de caña, los ganaderos y los líderes afro.

La situación se ha tornado tan crítica que Fedegán, el gremio de los ganaderos, envió un documento al Congreso en el que lanza una alerta de lo que ha sido la invasión de predios en las últimas semanas.

Según el documento, conocido por SEMANA, desde que se desató nuevamente este fenómeno, y hasta la fecha, han sido ocupadas ilegalmente 10.000 hectáreas que pertenecen a predios privados de ganaderos.

“Con base en la información allegada por los productores ganaderos, en lo corrido del año 2022 se cuentan casos de invasión y ocupación ilegal de tierras en los departamentos de Sucre, Cesar, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima, Magdalena, Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca y Bolívar. Estos casos representan la invasión de al menos 10.000 hectáreas”, indica el documento.

Esta extensión corresponde a 100 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la que tiene un municipio como Mosquera, en Cundinamarca, donde residen cerca de 83.000 habitantes.

Frente a la razón por la cual se han desatado estas invasiones, el documento, firmado por el presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie, señala que “se trata de conductas criminales perfectamente planeadas por organizaciones delictivas que de tiempo atrás se han dedicado a esta actividad ilícita y cuyo fin último es lucrarse de ella”.