SEMANA conoció en primicia la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que admitió para su estudio una nueva demanda contra el nombramiento de Gustavo Bolívar Moreno como director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).
En la acción judicial se advierte que el Decreto 280 del 5 de marzo de 2024, mediante el cual se formalizó el respectivo nombramiento, presentó varias irregularidades en su trámite, hecho por el cual debe ser plenamente anulado.
“Está viciado de nulidad ya que al proferir el acto demandado no se hubiese publicado primero el acto a través del cual se nombró en encargo a Iván Enrique Fernández Pérez y la finalización de dicho encargo”, alega. Esto al hacer referencia que tras la salida de Laura Sarabia Torres fue designado un encargado.
Sin embargo, el Tribunal no admitió la medida cautelar que pedía suspender provisionalmente a Bolívar de su cargo mientras se tomaba una decisión de fondo. En este sentido se advierte que no se cumplen los requisitos para esta trascendental medida.
“De las pruebas allegadas por la demandante, no conducen al decreto de la medida cautelar de suspensión provisional solicitada, toda vez que hay hechos que se deben probar, así como normas de las cuales se debe analizar su aplicación y procedencia”, señala uno de los apartes de la decisión de diez páginas.
“De igual forma, no se encuentra con claridad que exista una relación violatoria que implique que se cause un perjuicio irremediable o se genere una situación más gravosa para el interés público de no decretarse la medida solicitada, considerando que en este caso resulta indispensable estudiar los argumentos que sobre el punto pueda esgrimir la parte demandada, junto con las pruebas que pueda aportar para llegar a una conclusión sólida y atendiendo en todo caso a los fundamentos jurídicos que se presenten”, agrega.
En la decisión se indica que se recolectarán pruebas documentales y testimoniales para determinar si existen o no méritos para anular el cuestionado nombramiento.
En contra de la designación de Gustavo Bolívar existe otra demanda en el Consejo de Estado en la que se advierte que no cumple con los requisitos académicos ni de experiencia para este cargo.
“Se ha podido evidenciar que el nombramiento se efectuó sin que el nombrado reuniera los conocimientos y competencias que la Constitución, la ley, los reglamentos y el manual de funciones y de competencias laborales exijan para el desempeño del cargo y se vulneró, de igual forma, el principio de igualdad y se ha configurado una manifiesta desviación de poder por parte del gobierno nacional en cabeza del Presidente de la República, que es quien tiene la facultad para designar a los directores de los Departamentos Administrativos”, advierte el demandante.
Teniendo en cuenta la hoja de vida que se montó al sistema se ve que Gustavo Bolívar tiene solamente cinco años de experiencia en el sector público, haciendo mención al tiempo en el que estuvo en el Senado. En 2018, pocos meses después de su elección, renunció para aspirar a la Alcaldía de Bogotá.
Igualmente, se señala que no es clara la formación profesional de Bolívar, quien inició estudios de comunicación social. En el documento, que es público, el director del DPS manifiesta que tiene un manejo “regular” del idioma inglés, pues marco la casilla “R” al indicar si “lo habla, lo escribe, lo lee”.