La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, realizó una visita a Buenaventura para hacer seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y encontró que alrededor de 45.000 estudiantes, en su mayoría afrocolombianos, aún no habían recibido la primera ración en lo que va del año, lo que también afecta a más de 900 estudiantes indígenas en el Distrito.
Durante la visita, la Contraloría General evidenció graves problemas de infraestructura en la Institución Educativa Simón Bolívar, como baterías sanitarias dañadas, techo en mal estado, baños inundados y malos olores que pueden generar enfermedades en los estudiantes debido a las deficientes condiciones de salubridad.
La Contraloría Estudiantil de la institución acompañó a los funcionarios de la Contraloría General durante el recorrido y reiteró la necesidad de recibir los alimentos todos los días, ya que en ocasiones es la única ración alimentaria que los estudiantes reciben diariamente.
En el marco de la Estrategia de Control Fiscal Participativo denominada ‘Especial Seguimiento’, la Contraloría General convocó a representantes de diversas entidades y comunidades educativas para una mesa de diálogo participativo sobre el PAE, donde se acordaron compromisos para mejorar la situación en Buenaventura.
Uno de los compromisos fue que la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA) solicitará los recursos necesarios para cumplir con el servicio del PAE al 100% durante los 140 días faltantes de la vigencia 2023. El otro es que la Secretaría de Educación de Buenaventura también se comprometió a dar inicio al programa el 17 de abril de 2023, sin embargo, “no se cumplió con lo pactado y ya han pasado 49 días sin prestar el servicio”.
Desde la Contraloría General de la República hacen un llamado de atención a las entidades territoriales que ejecutan el PAE, “para que inicien oportunamente, cumplan los lineamientos establecidos y garanticen el servicio durante todo el calendario académico, desde el primer día, sin interrupción, como se determina en la Ley 2167 del 2021″.
Contraloría emitió fallo con responsabilidad fiscal
Por otro lado, la Contraloría General de la República emitió un fallo de responsabilidad fiscal por más de $723 millones ($723.239.825) en contra del secretario de Educación del departamento de Arauca, William Arévalo, “por fijar desde la etapa precontractual valores que excedieron los precios reales del mercado, dentro de un proceso de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE)”.
Durante el proceso de contratación, la estimación de precios “se realizó sin los debidos soportes objetivos”, lo que resultó, de acuerdo con la Contraloría, en que la Gobernación de Arauca pagara un valor contractual superior al precio real en el mercado, “monto que incluye todas las variables que inciden en la determinación de los costos de los bienes”.
Además, la Contraloría General emitió un fallo de responsabilidad fiscal de manera solidaria en contra de los miembros de la Unión Temporal Alimentar Arauca 2019, quienes en calidad de contratistas “omitieron los deberes de planificación, buena fe y transparencia” al suscribir un contrato con la Gobernación sin prever una adecuada estructuración de los costos de los productos alimenticios para las raciones a preparar en casa del Programa de Alimentación Escolar.
Esta decisión fue tomada por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, luego de analizar todo el material probatorio presentado y recopilado durante el proceso de responsabilidad fiscal, así como el informe técnico.
De acuerdo con las pesquisas, se determinó que hubo un detrimento al demostrar que la ejecución de los recursos por parte de la Gobernación de Arauca, destinados a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar durante el aislamiento generado por la pandemia del COVID-19, “mediante la entrega de raciones para preparar en casa; generó un detrimento en razón a los sobrecostos que reconoció la administración departamental a la firma contratista, a través de la suscripción y ejecución del modificatorio No.1 del contrato 469 de 2019, en cuantía de $580.150.638, valor que traído a valor presente por ajuste por inflación corresponde a la suma de $723.239.825″.