SEMANA confirmó que la investigación que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en contra del ex representante Álvaro Hernán Prada, en medio de la investigación derivada del denominado Caso Uribe por supuesta manipulación de testigos, seguiría en manos del alto tribunal.
La decisión que generó una intensa discusión entre los magistrados de la Sala quedó inicialmente 3 contra 2 ganando la tesis de que el expediente debía pasar a la fiscalía como ocurrió con el de Uribe. Los votos positivos fueron de los magistrados Misael Rodríguez, Francisco Farfán y Héctor Alarcón. Los negativos estuvieron en cabeza de los magistrados Cesar Reyes, quien está a cargo del proceso y Marco Antonio Rueda. Sin embargo, se necesitaban 4 votos a favor. Por esta razón, fue necesario convocar a 2 conjueces para seguir discutiendo el tema: Wilson Alejandro Martínez Sánchez y Guillermo José Ospina López.
En un comunicado emitido en la tarde del viernes, la Corte Suprema señaló: “A juicio de la Sala, el delito se pudo materializar por causa, con ocasión del servicio congresual y en el ejercicio de sus funciones, pues habría usado su investidura como representante y como director del partido Centro Democrático en el Huila, para desplegar los posibles comportamientos del soborno a testigo que lo comprometen”.
Este jueves, después de muchos análisis, la Sala de Instrucción votó y los conjueces se acogieron a la tesis de Reyes. En ese sentido, por ahora, el proceso sigue estando bajo la competencia de la Corte.
La Corte también señala que, “de acuerdo con los fundamentos jurídicos tenidos en cuenta, Prada Artunduaga habría instrumentalizado y aprovechado la condición de congresista para conservar su liderazgo político y también para abordar al testigo de la actuación penal a través de un intermediario, por lo cual se desviaron o se usaron de forma abusiva sus funciones como representante a la Cámara”.
La Sala deja en claro que “el fuero de los congresistas no es personal sino institucional, lo que implica que es irrenunciable y, por lo tanto, si los presuntos hechos delictivos tienen relación con la actividad legislativa, el fuero se extiende incluso después de cesar en el ejercicio del cargo”.
A esta hora fuentes de la Corte Suprema le confirman a SEMANA que se están haciendo ajustes al documento pero la decisión no ha sido firmada. Las partes están a la espera de la notificación formal del fallo. Esto generará una fuerte discusión porque algunos penalistas no se explican: ¿cómo dos procesos que están atados como lo son los casos Prada y Uribe, este último caso que sí paso a manos de la Fiscalía, el de Prada sigue en manos del alto tribunal? ¿Cuál es la diferencia entre los dos procesos? Cuando se genere la decisión, seguramente habrá un intenso debate. Aún no se tiene claro si el procesado tendrá algún recurso para que se revise la decisión.
Inicialmente, fueron los rumores de que lo llamaran a juicio para enviar un claro mensaje a la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, en el sentido de que el proceso contra el expresidente Uribe no debía precluir, lo que lo obligó a presentar su renuncia buscando, al igual que Uribe, que su caso lo asuma la Fiscalía.
“Nunca he cometido un acta ilegal, por el contrario, obré como deben hacerlo los ciudadanos de bien, prevaleciendo la verdad para que la administración de justicia tome decisiones acertadas. Sin embargo, mientras que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema me negó practicar 15 pruebas solicitadas, con las que se demuestra mi inocencia, la Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión del caso contra el expresidente Uribe”, dice una carta de Prada, que fue revelada en exclusiva por SEMANA, dirigida al presidente de la Cámara, Germán Blanco, cuando renunció a su condición de congresista.
Mientras eso ocurre con Álvaro Prada, el Caso Uribe sigue bastante movido. De nada sirvió que la juez negara la solicitud de aplazamiento que hicieron quienes querían incluirse como víctimas dentro del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por la presunta manipulación de testigos, pues la Fiscalía terminó por hacer lo mismo, pedir que se aplace la diligencia de preclusión que el mismo ente acusador solicitó. La juez entendió los argumentos de la Fiscalía y una de las víctimas, para aplazar la audiencia. Fijó el 22 julio como la fecha para continuar con esta diligencia.
Según se conoció el fiscal del caso Gabriel Jaimes presentó una excusa en la que advirtió que se encontraba con una incapacidad médica y por tanto no podría asistir a la dirigencia que se tenía agendada para este jueves y donde el mismo Jaimes haría la exposición detallada de sus argumentos para solicitarle a un juez la preclusión de la investigación que se adelanta contra el expresidente Uribe.