Las sesiones extras del Congreso se inauguraron con la presentación del proyecto que las motivó. La breve reforma a la ley de orden público, la misma que le da vía jurídica al proceso de paz, para establecer los mecanismos para el desarme, la desmovilización y la reincorporación a la vida civil por parte de la guerrilla. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicó en la Secretaría del Senado el proyecto y además lo hizo con mensaje de urgencia, con el propósito de que estas herramientas sean aprobadas en debates conjuntos y en menos tiempo que lo normal, para que estén a disposición del presidente de la República el próximo 23 de marzo, fecha que aún sigue siendo la señalada para la firma del acuerdo definitivo con la guerrilla de las FARC. Según explicó Cristo, el propósito es que el presidente de la República vuelva a tener facultades para suspender órdenes de captura “de manera definitiva” a los integrantes de las FARC, y de establecer Zonas Específicas de Ubicación para los guerrilleros “en tránsito a la civilidad”. En palabras del ministro, no es más que “crear las herramientas necesarias para llevar a cabo los procedimientos de dejación de armas, tránsito a la legalidad y reincorporación a la vida civil de los miembros de las FARC”. Sin embargo, el proyecto no se concentró exclusivamente en órdenes de captura y zonas especiales de ubicación. Con esta ley el Gobierno establece que las FARC presentarán la lista de todos sus integrantes y que el Gobierno la acogerá bajo el principio de buena fe, aunque sin perjuicio de las verificaciones pertinentes. Así lo establece el parágrafo quinto del primer artículo del proyecto, que señala que cuando se trate de diálogos, negociaciones o firma de acuerdos con el gobierno nacional, la calidad de miembro del grupo armado organizado al margen de la ley “se acreditará mediante una lista suscrita por los voceros o miembros representantes designados por dicho grupo, en la que se reconozca expresamente tal calidad”. Además señala que “esta lista será recibida y aceptada por el alto comisionado para la Paz de buena fe, de conformidad con el principio de confianza legítima, base de cualquier acuerdo de paz, sin perjuicio de las verificaciones correspondientes”. El ministro Cristo aseguró que, a pesar del principio de buena fe, el Gobierno podrá verificar con la información de la Policía, Ejército y Fiscalía, para comprobar la pertenencia a las FARC. Por eso garantizó que “no habrá colados” que se quieran disfrazar de guerrilleros para recibir beneficios jurídicos. Eso mismo sucedió en el proceso de desmovilización que se adelantó hace 10 años con las Autodefensas, pues algunos señalados narcotraficantes aparecieron ‘colados’ en las listas de paramilitares. Cristo aseguró que hay que tener presente la diferencia en el origen político de las FARC y las Autodefensas, por lo que se mostró confiado en que no se repetirían situaciones del pasado. El proyecto también consagra, por ley, que tanto el Gobierno como las FARC podrán acudir a instituciones o personas de la vida nacional o internacional para llevar a cabo la verificación. En ese sentido, Cristo planteó la posibilidad de que Naciones Unidas u otros organismos internacionales guarden y administren las armas de las FARC, a pesar de que la Constitución consagra que el monopolio de manejo de armas es exclusivo del Estado. Una de las principales críticas al proyecto consiste en que la facultad del presidente para crear zonas de ubicación, sin presencia de la fuerza pública, puedan constituirse en zonas de despeje. Para Cristo, esos reparos son “malintencionadas”, y aseguró que estas no tienen nada que ver con la zona de distensión del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana. Según el ministro, estas mismas facultades las han tenido los presidentes Ernesto Samper, el propio Pastrana y Álvaro Uribe, pero fueron removidas en el 2010 cuando el entonces ministro Germán Vargas Lleras modificó la ley para prohibir zonas de despeje. Otro asunto de discusión se concentra en la reciente negativa de las FARC a las zonas especiales de ubicación, pues plantean una zona de mayor área que denominan Territorios de Paz. Como es en La Habana donde se tienen que definir los mecanismos para el desarme, Cristo dijo que este proyecto solo pretende ofrecer herramientas, y tenerlas listas el próximo mes de marzo. Pero que la discusión sobre si habrá o no zonas de ubicación será posterior al trámite del proyecto en el Congreso. La reforma a la ley de orden público ocupará la atención de los partidos políticos que este martes iniciaron las sesiones extraordinarias. Estas durarán un mes. El 16 de marzo esperan entregarle al presidente esta ley.