Hace siete días, el Gobierno y las FARC sellaron un histórico pacto. Los negociadores de ambas partes definieron la forma para blindar el acuerdo de paz que ponga fin al conflicto y que este se incorpore en el llamado bloque de constitucionalidad.Todo para que un futuro gobierno no pueda desconocerlos, y prácticamente como uno de los últimos requisitos para que la guerrilla efectivamente abandone hasta el último fusil.En ese acuerdo, conocido desde La Habana el pasado jueves, se estableció que el Congreso colombiano debería incorporar la fórmula para el blindaje de los acuerdos en el acto legislativo para la paz, una reforma constitucional que busca crear un procedimiento legislativo especial para diseñar las leyes que implementen lo acordado en La Habana y para otorgarle facultades extraordinarias al presidente de la República para expedir decretos relacionados con la implementación de la paz.Una semana después de aquel acuerdo, la Comisión Primera de la Cámara decidió darle el visto bueno y aprobó el texto tal como fue redactado en La Habana. Los parlamentarios no le modificaron ni una coma, ni una palabra, y quienes intentaron hacerlo, se fueron derrotados.En últimas, lo que la Comisión Primera de la Cámara aprobó no es más que elevar a la categoría de Acuerdo Especial, en los términos del Convenio de Ginebra, el acuerdo final que se firme en La Habana. También la expedición de una futura ley que incorpore ese acuerdo en el bloque de constitucionalidad.Según el Gobierno y los ponentes del proyecto, tanto el procedimiento legislativo especial, para expedir las leyes en un mecanismo rápido o ‘fast track’, las facultades extraordinarias al presidente y el blindaje de los acuerdos, sólo podrán entrar en vigencia tan pronto sean refrendados popularmente por un mecanismo que no quedó explícito en la ley.   El debate, álgido, se prolongó por ocho horas, se desarrolló con la suspicacia de que el blindaje de los acuerdos podría saltarse la refrendación popular.Todo porque los artículos sobre el procedimiento legislativo especial, y el de facultades, tenía un parágrafo explícito que señalaba que sólo podrían entrar en vigor una vez sean refrendados por el pueblo.Pero como el artículo incorporado y redactado desde La Habana no contenía dicha condición, varios parlamentarios exigían dejarla explícita también en el nuevo artículo.Angélica Lozano, de Alianza Verde, propuso incluir esa condición y fue derrotada. Los conservadores y Cambio Radical coincidieron en esta preocupación, pero decidieron dejar su propuesta como constancia para el último debate.Carlos Édward Osorio, uno de los ponentes, dijo que era innecesaria esa claridad porque todo el acto legislativo entrará en vigor una vez se refrenden los acuerdos.La misma postura defendió el ministro Juan Fernando Cristo, quien en el debate reafirmó el compromiso del presidente Juan Manuel Santos de llevar los acuerdos a las urnas para que los colombianos se pronuncien. Pese a ello, la suspicacia no se alejó.Sin embargo, el proyecto, con el artículo nuevo, fue aprobado por los votos de 25 de los 35 representantes, quienes decidieron darles un nuevo respaldo al Gobierno y a la Mesa de Negociaciones.El Centro Democrático no se quedó a la votación final después de haber sido derrotados con la ponencia negativa. Sin embargo, sacaron particulares interpretaciones de lo sucedido en la Cámara. Por ejemplo, el representante Samuel Hoyos dijo que “asistimos al triunfo de la ilegalidad sobre el Estado de Derecho. Se aprobó un narcomico proveniente desde La Habana”.El acto legislativo para la paz está a sólo un debate de entrar en vigencia. La plenaria de la Cámara de Representantes, en 15 días tendrá que darle el visto bueno a este proyecto, que es considerado la pista de aterrizaje de los acuerdos de paz de La Habana.