La mesa está servido para uno de los debates que más pasiones genera en Colombia: en una audiencia convocada por la Corte Constitucional la semana pasada, el fiscal, el procurador, el alto gobierno y víctimas y expertos cruzaron espadas sobre cómo participarán en política las FARC luego de una eventual desmovilización.El debate, como tantas veces en Colombia, es sobre ‘un articulito’. El Marco Jurídico para la Paz, la Reforma Constitucional aprobada en 2012 para introducir mecanismos de Justicia Transicional en caso de un acuerdo de paz, en su artículo 3 autoriza al Congreso a tramitar una ley estatutaria para regular “cuáles serán los delitos conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política”, y excluye de la misma a los seleccionados condenados por “crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática”. La Corte considera una demanda del ex viceministro de Defensa Rafael Guarín que pide declararlo inexequible aduciendo que crímenes de guerra, actos de terrorismo y delitos internacionales como el narcotráfico tampoco pueden considerarse conexos al delito político, y sus perpetradores no pueden participar en política. En la audiencia hubo tres posiciones. El procurador Alejandro Ordóñez coincidió con Guarín y llamó, en nombre de las víctimas y del derecho internacional, a cerrar las puertas de la política a todos los perpetradores de esos delitos. “A delitos severos, penas severas, no trabajo social, señor fiscal –le dijo–. Eso es lo que se exige a los estudiantes de colegio”.El fiscal Eduardo Montealegre sorprendió a todos. Sostuvo que limitar la participación en política de los perpetradores de delitos de lesa humanidad y genocidio atenta contra dos pilares de la Carta Política: el principio democrático de participación en política y la búsqueda de la paz. Cuando el Marco Jurídico se presentó, ese artículo se limitaba a dar al Congreso la potestad de definir los delitos conexos, sin exclusiones de ningún tipo. Para el fiscal habría que dejarlo así. Según él, cualquier condicionamiento limita la libertad del Congreso para decidir, cercena la búsqueda de una solución negociada al conflicto e “implica dar carácter absoluto a cierto tipo de justicia retributiva que le gusta al señor procurador”, dijo.El gobierno quedó de hecho entre ambas posiciones. Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz, calificó la participación política como “el centro de gravedad de este y de cualquier acuerdo de paz”, el cual, dijo, no es un proceso de sometimiento de un grupo de criminales. Llamó a la Corte a declarar exequible el artículo como está y a esperar a que salga del Congreso la ley estatutaria respectiva, que de todas maneras le llegará para su revisión. Contrario al procurador, sostuvo que no hay ninguna limitación en tratados internacionales para que excombatientes participen en política; que esto dependerá de cómo cada uno satisfaga los derechos de las víctimas, y que en la medida en que la participación en política contribuya a la sostenibilidad de los acuerdos es una garantía de que los horrores de la guerra no se repetirán. Hubo más intervenciones pero, en general, la mayor parte se ubica en uno de los tres campos que delinearon estas: cero tolerancia a la participación en política de quienes han cometido crímenes; cero limitaciones, en aras a búsqueda de la paz y la consolidación de la democracia; o algunas exclusiones pero con la idea de que sin participación política de los excombatientes no hay acuerdo viable.En esencia, este, expresado por altos funcionarios, es el debate que encara la sociedad colombiana: decidir cuáles son las condiciones que está dispuesta a aceptar para llegar a un final negociado del conflicto armado con las FARC y, eventualmente, con el ELN. Por ahora, una paradoja preside la discusión: cerca del 65 por ciento de los colombianos que contestan encuestas no quiere ver a los miembros de las FARC participar en política, pero la mayoría está de acuerdo con una salida negociada. El debate abierto por la Corte Constitucional no es sino el abrebocas.