En el 2010, cuando Juan Manuel Santos asumió la Presidencia, el ambiente que se respiraba en el país sobre el fin del conflicto favorecía más una derrota militar de las FARC, que una salida por la vía negociada. No era para menos. Santos emergía como el heredero de la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe, y como su ministro de Defensa (2006-2009) había liderado los más certeros golpes que hasta ese momento se le habían propinado a la guerrilla: la muerte de 'Raúl Reyes' y la liberación de Íngrid Betancourt, los tres contratistas norteamericanos y 13 miembros de la Policía y el Ejército, en la célebre Operación Jaque. Sin embargo, en su discurso de posesión dijo que tenía en sus manos la llave de la paz y aseguró que no la tiraría al mar. Una afirmación que, sin duda, dejó entreabierta la ventana para una negociación con la guerrilla, pero en ese momento pocos, muy pocos, advirtieron de que Santos ya se traía algo entre manos. Hoy, cinco años después, Santos se ha jugado todo su capital político por el proceso de paz que desde el 2012 adelantan negociadores de su gobierno con la guerrilla de las FARC. Esas negociaciones tuvieron su punto de partida con una ley que aprobó el Congreso en diciembre del 2010, conocida como la prórroga de la Ley de Orden Público, que fue la primera piedra jurídica que hizo posible este nuevo intento de paz. Aquella ley fue impulsada por el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y no sólo se concentró en prorrogar por cuatro años los alcances de la ley de Orden Público, sino que eliminó la posibilidad de despejar parte del territorio con el propósito de adelantar negociaciones con los grupos armados al margen de la ley. Para ello se tuvo que suprimir el parágrafo que le otorgaba la facultad al presidente de la República de acordar con los voceros o representantes de los grupos armados al margen de la ley la localización temporal de estos y de sus miembros en determinadas zonas del territorio nacional. Como se recordará, en ese entonces se desplegó una campaña por el No al despeje, cuando se había mencionado que la desmilitarización de los municipios de Florida y Pradera seguía siendo uno de los inamovibles de las FARC para sentarse a dialogar. El argumento que en su momento transmitió el ministro Vargas Lleras al Congreso era que una eventual estrategia de paz o de diálogo con los grupos armados al margen de la ley no podía comenzar mostrándole debilidad a la contraparte, ni sacrificando a la población civil. Lógicamente, Vargas Lleras siguió, en ese momento, las instrucciones del presidente Santos. Cinco años después, la misma ley que permitió el actual proceso de paz, pero que prohibió las zonas de despeje, es la que tiene en aprietos al Gobierno para garantizar la desmovilización de las FARC. Y es que, de firmarse la paz el próximo 23 de marzo, como lo acordaron Santos y ‘Timochenko’, no hay instrumentos jurídicos para que los guerrilleros se concentren mientras se implementan los acuerdos de paz. El pasado martes, el presidente Santos se reunió con los jefes de los partidos políticos que apoyan el proceso con las FARC con el propósito de afinar el proyecto de ley que permita las zonas de concentración. Dicho proyecto será tramitado en sesiones extras, a partir del 16 de febrero. El Gobierno espera que el Congreso lo apruebe antes del 23 de marzo, por lo que tendrá mensaje de urgencia. En esa reunión, Santos soltó una frase algo anecdótica, según parlamentarios asistentes. Dijo que para blindar el proceso de paz “es necesario recuperar las facultades que el ministro Vargas Lleras me quitó”. Hubo risas. Aunque no está definida la redacción del texto (está siendo diseñado directamente por el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo), a lo que apunta es a entregarle al presidente la facultad de acordar, con los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley, la ubicación temporal de sus miembros en “precisas y determinadas zonas del territorio nacional”. Además las facultades al presidente también serán para suspender las órdenes de captura vigentes de los guerrilleros con el propósito de conducirlos a las zonas de concentración. Y es que según uno de los congresistas que estuvieron en la reunión de Casa de Nariño, que será ponente del proyecto, después del 23 de marzo, día en que se firme la paz, se deberán establecer las zonas de concentración, que serán “múltiples y pequeñas” (se habla de entre 10 y 20), además de corredores de seguridad para garantizar que los guerrilleros puedan ser a esas zonas para dejar las armas. Sin estas facultades una caravana de guerrilleros podría ser atacada por la fuerza pública, o podrían ser arrestados. Las zonas de concentración no serán definidas por el Congreso, que sólo entregará facultades extraordinarias al presidente para establecerlas. Estas serán acordadas por la misión de verificación del cese al fuego definitivo, que estará presidida por el Consejo de Seguridad Permanente de las Naciones Unidas. Antes de que comience la discusión ya hay críticos. El uribista Édward Rodríguez considera que el llamado a sesiones extras es inoficioso porque la ley de Orden Público sí permite que se levanten las órdenes de captura, pues gracias a ella viajaron los voceros de las FARC a La Habana, incluido su máximo jefe, alias 'Timochenko'. “Nos preocupa que esas zonas de concentración se conviertan en 32 caguanes, uno por cada departamento”, dice Rodríguez. “Pedimos al Gobierno que esas zonas se limiten y no se conviertan en zonas en las que la guerrilla siga extorsionando y traficando droga”. Roy Barreras, presidente del Partido de la U, controvierte esa posición, pues señala que la ley de orden público sólo permite la suspensión de órdenes de captura para quienes ostenten la condición de “miembro representante”, no para los guerrilleros rasos. Y aclara que las zonas de despeje seguirán prohibidas y, a diferencia de las zonas de concentración, estas son de mayor dimensión para que se adelanten allí procesos de paz. Ese no es el caso. La discusión que el Congreso adelante a partir del próximo 16 de febrero, sobre el papel, no tendría mayores dificultades. Y en la práctica pretende entregarle al presidente Santos las facultades extraordinarias que Vargas Lleras le quitó hace cinco años.