El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que la paz no le pertenece, es de todos los colombianos y debe ser una política de Estado. Sin embargo, en los más de tres años y medio que completa el proceso de paz con las FARC, la rama judicial se siente marginada, y sobretodo preocupada con algunas decisiones acordadas en La Habana. Caso concreto, el acuerdo en materia de justicia, y la creación de una jurisdicción especial para la paz.Aunque las altas cortes han guardado prudente silencio frente a las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello, aprovechando su intervención en el Senado, a propósito del debate del proyecto de ley estatutaria de administración de justicia (que busca reglamentar la reforma al equilibrio de poderes), pidió al Gobierno atender las sugerencias de la rama judicial.“Estamos intercambiando comunicaciones. La Corte Suprema de Justicia va a conversar con todo el equipo negociador del Gobierno para tocar algunos temas que inciden directamente con las funciones propias de la Corte y de la rama judicial. Queremos conversar mutuamente para llegar a algunos puntos de equilibrio que se pueden lograr perfectamente. Estamos en ese camino”.Según la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, las principales inquietudes se concentran en la llamada jurisdicción especial para la paz.“¿Cómo serían los procesos que irían a la jurisdicción de paz? ¿Cómo se estructura y se organiza la jurisdicción de paz? ¿Van a ir los procesos que tienen que ver con paramilitares a la jurisdicción especial de paz? ¿Qué pasaría con esos jueces? ¿Se presentarán conflictos de competencias si la justicia ordinaria se queda con los procesos de los paramilitares?”, se preguntó Cabello.Son muchos temas los que inquietan, quizás el menor sea la selección de jueces y magistrados de la jurisdicción especial de paz. La mayor preocupación, por ejemplo, es si esos tribunales suplantarán a la rama judicial, y la suerte de sentencias y jurisprudencias que podrían ser revocadas, pues así se interpreta del acuerdo en materia de justicia pactado por las partes en La Habana. “El tema de fondo es que va a cambiarse toda una estructura de administración de justicia. En ese sentido, debemos saber ¿qué va a pasar con las decisiones de la sala penal en firme y con condena ejecutoriadas, pues el acuerdo de La Habana dice que podían ser revocadas o no tenidas en cuenta? ¿Qué va a pasar con las decisiones de una rama judicial estructurada completamente? ¿Cómo queda la rama judicial? ¿Será esta una justicia paralela? Tenemos muchísimas preguntas y hay temas poco claros”.Por eso, la presidenta de la Corte Suprema considera urgente un diálogo con el equipo negociador de La Habana, pues los magistrados tendrían mucho que aportar. “La Corte Suprema tiene que oír, participar y opinar”.