Indignado se declaró el procurador Alejandro Ordóñez en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde atendió este martes la invitación a un debate que parecía hecho a su medida. El representante Santiago Valencia (del Centro Democrático) había citado a los negociadores de paz del Gobierno para responder un cuestionario de 60 preguntas, precisamente las mismas que el presidente Juan Manuel Santos se negó a responderle al procurador Ordóñez.Le puede interesar: Una vez más el procurador arremete contra el acuerdo de cese al fuego El funcionario se quejó por la “estigmatización” que, en su criterio, ha hecho el presidente Santos a todos los que tengan dudas o haga preguntas en torno a los acuerdos entre el Gobierno y las FARC que se han suscrito en La Habana. “No somos enemigos de la paz”, aseguró. Pero sobre todo se lamentó por el hecho de que Santos no les haya dado respuesta a los 60 interrogantes que recientemente le formuló. Ordóñez dijo que esa actitud no es de gobiernos democráticos, sino propia de dictaduras. “Me da tristeza institucional acudir a este escenario del Congreso por la razón por la cual fue citado este control político, y la razón es hay una omisión reiterada del presidente de cumplir sus funciones constitucionales. Él ha omitido de manera obstinada, reiterada y desvergonzada el cumplimiento de sus exigencias constitucionales”, dijo Ordóñez.También puede leer: ¿Censura en el proceso de paz? El procurador agregó que “cuando el Ministerio Público solicita a cualquier funcionario respuestas a unas preguntas, incluido el presidente, no lo hace por razones diferentes a recaudar la información necesaria en cumplimiento de sus roles constitucionales. Lo hace por la obligación que tiene derivada de la Constitución. Y ninguna funcionario, incluido el presidente, puede omitir dar esa información”. Incluso, Ordóñez insinuó que la actitud adoptada por el presidente Santos merece una investigación, por lo menos disciplinaria. “La Comisión de Acusación ya habría tenido que asumir de oficio la investigación contra el presidente por incumplir sus deberes constitucionales al no responder las preguntas a la Procuraduría sobre el proceso de paz”.En su momento, el secretario privado de la Presidencia de la República, Enrique Riveira, le envió una comunicación a Ordóñez para indicarle que no obtendría respuesta alguna debido a que la información sobre los acuerdos alcanzados es pública. En esa misiva señaló que el cuestionario del procurador tenía la intención de “adelantar una actividad de control político contra el presidente de la República más afín al proselitismo partidista que a las funciones del Ministerio Público”. Al debate de este martes asistió el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, quien no tardó en responderle a Ordóñez. “El procurador no tiene fuero sobre el presidente de la República, que es la persona que dirige en representación de todos los colombianos el proceso de paz”, explicó Jaramillo. El funcionario también cuestionó las reiterativas preguntas que hace el procurador sobre temas que ya han sido respondidos, como la dejación de armas y la demovilización, por lo que instó a Ordóñez a leer los acuerdos.Jaramillo explicó el estado de las negociaciones en La Habana. Nada nuevo en su intervención. Sin embargo, el procurador dijo que tras escuchar al negociador, ratificaba la mayoría de sus preocupaciones. Las principales, apuntó, que en ninguna parte de los acuerdos se habla de la desmovilización de los milicianos de las FARC. Ordóñez dijo que las guerrilla tiene cerca de 7.000 personas en sus cuadrillas, pero más de 8.000 milicianos a quienes no tocan en los acuerdos. La otra es que no hay, según Ordóñez, una sola sílaba sobre las estructuras económicas de las FARC que, en su interpretación, no van a ser desmanteladas. Reveló que en una reunión con el presidente Juan Manuel Santos dijo que se han hecho esfuerzos ingentes para encontrar la fortuna de la guerrilla, pero han sido fallidos. Eso, dice el procurador, contradice a informes de Estados Unidos, de la revista Forbes y hasta de la Uiaf del Ministerio de Hacienda. Por eso Ordóñez dijo que si no se desmovilizan los milicianos y no se desmantela su fortuna, “las FARC están en condiciones de rearmarse en cualquier momento”. Y al comisionado Sergio Jaramillo le dijo que la presencia del papa Francisco en el proceso para escoger a los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz no es más que “legitimar la impunidad”. Reiteró que esa jurisdicción de paz es para favorecer a los victimarios y para obligar a inocentes a confesar delitos que no cometieron para no ir a la cárcel. Señaló que somete a las altas cortes, pues se podrían revisar sentencias, y que más de 30.000 procesos pasarán a esa jurisdicción. Jorge Londoño, ministro de Justicia, y Guillermo Rivera, viceministro del Interior, fueron los encargados de controvertir al procurador que, una vez más, en un escenario que lo seduce, el Congreso, volvió a despacharse contra la negociación de La Habana y el presidente de la República.